Yucatán continúa combate a feminicidio, se aplica justicia

De los siete crímenes contra mujeres que hubo en 2018, en todos, los presuntos responsables están presos y sujetos a proceso penal

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El 19 de marzo de 2014 se tipificó el feminicidio en Yucatán. (Archivo/Sipse)
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Luis Fuente/MÉRIDA
Durante 2018 ocurrieron en Yucatán siete feminicidios, mientras en 2017 fueron 12 y aunque desde 2014 se tipificó este delito, por primera vez el año pasado se aplicó en el caso de la violación y asesinato de una niña de seis años, en la población de Tahdziú, al sur del Estado.

De los siete crímenes contra mujeres, cuatro fueron una verdadera muestra de odio de género, pues los perpetradores cometieron los asesinatos con exceso de violencia y ataques sexuales.

Además, en tres asesinatos los victimarios no eran las parejas sentimentales: el primero, el caso de la niña de Tadhziú; otro, el de una mesera ultimada en un taller mecánico de la colonia Francisco I. Madero de la capital yucateca, así como el homicidio de una mesera de un bar de Maxcanú.

Todos los presuntos responsables están presos y sujetos a proceso penal en espera de un juicio oral en el que podrían alcanzar hasta 50 años de prisión o un mínimo de 35 años, si se someten a un procedimiento abreviado.

El 19 de marzo de 2014 se tipificó en Yucatán el feminicidio con las siguientes causales: signos de violencia sexual, mutilaciones de genitales, antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar motivada por razones de género y la pretensión del asesino de establecer o restablecer una relación de pareja o intimidad con la víctima.

Pero en junio de 2017, a raíz del asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, en marzo de ese año, en el que no se pudo procesar a tres de los acusados por feminicidio, el Congreso local aprobó reformas para agregar las siguientes causales: el lazo afectivo entre victimario y la víctima, amenazas previas, la incomunicación de la víctima y exponer el cuerpo de la misma en espacios públicos.

Desde septiembre de 2017, varias agrupaciones de defensa de los derechos humanos de las mujeres solicitaron al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Gobernación emitir una Alerta de Violencia de Género en Yucatán, ante el incremento de feminicidios y casos de violencia familiar.

No obstante, el 9 de agosto pasado, la Secretaría de Gobernación determinó que no había elementos para decretar la alerta de género en Yucatán.

La solicitud a la Secretaría de Gobernación para decretar la alerta de género se basó en las siguientes recomendaciones: la aplicación de un programa de profesionalización en derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad y la revisión de los perfiles de las organizaciones de la sociedad civil que integren el Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Atención al Feminicidio.

También, crear un gabinete paritario con base en perfiles y experiencias, además de una secretaría para la igualdad entre mujeres y hombres.

El Centro de Justicia para Mujeres en Yucatán, dependiente de la Fiscalía General del Estado, ha atendido a más de 20 mil usuarias desde su creación en marzo de 2014, pero son pocos los casos que han resuelto en los tribunales, pues la mayoría de las víctimas prefieren otorgar el perdón y continuar recibiendo las agresiones, porque el hombre es el único proveedor de recursos.

Las denuncias que más se reciben son por violencia familiar, el segundo es por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, y la tercera, por delitos sexuales.

El objetivo del centro para las mujeres que sufren violencia es que reciban la atención y el servicio que se requiere, para que de esta manera acudan con confianza y tengan la seguridad que serán apoyadas.

Órdenes de restricción

El Centro de Justicia para Mujeres tiene la facultad de solicitar órdenes de restricción en contra de agresores, con lo que se busca proteger a las víctimas que sufren algún riesgo de ver vulnerado su estado físico o su vida.

 

El Centro de Justicia para Mujeres tiene la facultad de solicitar órdenes de restricción en contra de agresores. (Archivo/Sipse)

El juez segundo de control, Luis Mugarte Guerrero, en diversas ocasiones ordenó por oficio al Fiscal General para que se realice una investigación, debido a que entre los datos de prueba del Ministerio Público en casos de feminicidio figuran denuncias por violencia familiar realizada por las hoy occisas, en las cuales no se realizaron las indagaciones pertinentes para salvaguardar su integridad física, o sea, que el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) actuó con negligencia y se les podría fincar responsabilidad.

De esto, la FGE no informó del resultado de las investigaciones ordenadas por el Poder Judicial.

Las medidas de protección también son emitidas a través de las Fiscalías Investigadoras (anteriormente agencias del Ministerio Público) tanto al interior del Estado como en las unidades periféricas, para lo cual debe existir una denuncia de por medio, como ocurrió en el caso anterior.

En ese sentido, se le brinda protección a la víctima, y de acuerdo con el caso, se determina como emergente o preventiva.

La primera está dirigida a desalojar al presunto agresor o, en su caso, a la víctima del domicilio que comparten, a fin de disminuir el peligro, por lo que también se asigna la vigilancia de un policía, que permanece cerca de la afectada el tiempo que dura esta medida.

Sin embargo, en la práctica, según organizaciones que pugnan por una vida libre de violencia a la mujer, muy pocas veces se cumplen con las órdenes de restricción y que la víctima sea custodiada por un agente, ya que ésta tiene que demostrar que en verdad está en peligro, de lo contrario, la medida no se otorga.

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