Las expresiones en esta semana del presidente, cuando se refirió al país como narcoestado, pueden relacionarse con el cuento del árabe al que le venden un camello defectuoso y al reclamar al vendedor éste le dice: “Si sigues hablando mal del camello no lo vas a vender”. En efecto, para vender algo hay que ponderar las virtudes y minimizar los defectos.

En su conferencia mañanera del pasado lunes, López Obrador consideró que con el juicio en Estados Unidos contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, se puede hablar de que hubo un narcoestado en México “porque estaba tomado el gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia”.

El acuse de recibo llegó con la contestación expedita de su némesis que le venció en la campaña presidencial de 2006: “A mí me pueden criticar por muchas cosas, pero no soy el presidente que anda saludando a la mamá de ‘El Chapo’, yo no liberé a ningún criminal; soy el presidente que más criminales ha extraditado ante la justicia de Estados Unidos”, afirmó Calderón, quien también acusó persecución en su contra.

La respuesta calderonista, sumada a la de especialistas en temas de seguridad, columnistas y políticos, obligó al tabasqueño a matizar al día siguiente su comentario, pero quedó ahí la palabra narcoestado, una impronta más en su discurso político y mediático, influido desde luego por intereses electorales (él siempre está en campaña), lo que también fue como escupir al cielo, porque sus resultados en seguridad, hasta ahora y con base en la situación del país y cifras oficiales, son peores que los de sus antecesores.

Es innegable que la violencia e inseguridad han escalado en el gobierno de la 4T, focalizadas ahora en el centro y el Bajío, con alza en delitos como secuestro, extorsión, derecho de piso, etc., además de la exhibición de fuerza de cárteles en territorios que dominan y en los que nadie osa penetrar, lo cual parece confirmar que la delincuencia organizada tiene permiso y, por ende, impunidad, aun con militares en esas tareas.

Ya se ha dicho, las conferencias matutinas son utilizadas como distractores para evadir los temas de interés nacional; por ejemplo, en el caso Lozoya, cuando debiera guardar prudencia y respeto por el trabajo de la Fiscalía General, AMLO ha filtrado gran cantidad de información que le sirve de contexto para atacar a sus antecesores, “vendiendo” su administración como modelo, cuando realidades como la pandemia del coronavirus y la debacle de la economía le golpean en el rostro, mientras que temas triviales, frases, o expresiones cantinflescas se convierten en polémica o “chunga” para el respetable.

Lo que es un hecho es que al Ejecutivo le urge “vender” un país seguro, que respeta las leyes y convenios internacionales de comercio y de toda índole, para dar confianza a los visitantes extranjeros y reactivar el turismo, así como atraer a inversionistas, pues, si sigue hablando mal del camello, no lo va a vender.

Anexo “1”

Tareas civiles para militares

Al menos trece tareas civiles se han adjudicado al Ejército y la Armada en el gobierno de quien prometió (e incumplió) regresar a soldados y marinos a sus cuarteles y buques: combate al huachicoleo, vigilancia en fronteras norte y sur, construcción de cuarteles para la Guardia Nacional, apoyo a programas Jóvenes Construyendo el Futuro, distribución de fertilizantes, vigilancia en la entrega de recursos para programas sociales clientelares, remodelación de hospitales, construcción de dos tramos del polémico tren maya, la edificación del aeropuerto “Felipe Ángeles” en la base miliar de Santa Lucía. Además, del control de aduanas, capitanías de puertos y lo que venga.

La multiplicidad de funciones de las fuerzas armadas genera desconfianza en ciertos sectores, que perciben como negativo este empoderamiento de las milicias y rechazan su rol más allá de lo señalado en la Constitución, particularmente en tareas de seguridad, donde, por cierto, ya se habla de que la Sedena absorberá a la Guardia Nacional ante el evidente fracaso de esta corporación, como lo fue la Gendarmería en la administración de Enrique Peña Nieto.