La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló esta semana la permanencia de las fuerzas armadas en las calles para labores de seguridad pública, por lo menos hasta 2024. La disposición que lo permite se amplió en septiembre hasta 2028.

Con mayoría de ocho votos a favor, el pleno declaró la validez del acuerdo presidencial emitido en mayo de 2020, para disponer del Ejército, Fuerza Aérea y Armada para tareas de seguridad, impugnado por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, vía controversia constitucional.

En la sesión del martes, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, consideró que el acuerdo del Ejecutivo no violó las atribuciones de la Cámara baja, además de que éste acuerdo “se debe entender como una hoja de ruta para la salida de las fuerzas armadas de las calles”.

No se discute, dijo, la permanencia de los militares en labores civiles, sino “el camino para su salida”. Por si las dudas, aclaró que “no estamos frente a un caso de sobremilitarización, sino frente a un caso que exige revisar si el Ejecutivo ha cumplido con la ruta que el propio Constituyente ha trazado, a fin de terminar con la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública o ciudadana”.

Desde luego que el fallo no dejó contentos a los inconforme a priori, pero debemos reconocer que el ministro presidente abre esa posibilidad de que en realidad este aval sea el camino para regresar a los soldados y marinos a sus cuarteles y barcos; desde luego, si las condiciones del país lo permiten, porque hoy es prácticamente impensable.

En paralelo y luego de que entró en vigor esta prórroga, los senadores Ricardo Monreal (Morena), Sylvana Beltrones, Jorge Carlos Ramírez (PRI) y Miguel Ángel Mancera (PRD) presentaron una iniciativa de ley reglamentaria para crear una comisión bicameral que evaluará la labor de los militares y el cumplimiento de los objetivos en materia de combate a la criminalidad.

La comisión, que será integrada por 10 diputados y 10 senadores, y cuyos acuerdos privilegiarán el consenso y, en su defecto, se adoptarán por mayoría de votos, determinará “si la fuerza armada permanente cumplió, en el periodo correspondiente, con los criterios de participación en las tareas seguridad pública: extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

También deberá señalar a los estados donde deje de ser requerida la presencia de la milicia y emitir recomendaciones al Ejecutivo. Y algo muy importante: podrá citar a comparecer periódicamente a los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, y de la Guardia Nacional, para ampliar los informes que semestralmente reciban sobre las acciones de las fuerzas armadas.

Por la falta de espacio sólo citamos las partes esenciales de esta iniciativa que parece acertada y si la aterrizan los legisladores puede ser la ruta de salida que menciona el presidente de la Suprema Corte. Y aquí sí, no podrá el general Luis Cresencio Sandoval “hacerles el feo”, ¿o sí? 

Anexo “1”

Holbox, después del fuego

El pasado lunes por la noche, se registró un incendio en la aún paradisíaca isla de Holbox. Al día siguiente la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que el fuego destruyó más de 60 cuartos hoteleros de “Casa Las Tortugas” y “Mawinbi”, construidos en su mayoría con materiales de la región, según el concepto ecológico de ese lugar. Los habitantes y turistas apagaron el fuego con cubetas. No hubo pérdida de vidas humanas y los daños se calculan en más de 100 millones de pesos.

Como casi siempre ocurre, las autoridades reaccionan después del siniestro. Emir Bellos Tun, alcalde de Lázaro Cárdenas, municipio al que pertenece Holbox, y la Gobernadora anunciaron que la isla tendrá una estación de bomberos. Además, se contará con un mapa de riesgos, se capacitará a ciudadanos y trabajadores para atender este tipo de incidentes, tendrán ambulancia acuática y consultorio de medicina familiar, aumentará la capacidad policiaca (casi no se ven) y se mejorarán los servicios públicos.

Por cierto, en Chiquilá, antes de abordar el ferry para ir a la isla, cobran sesenta pesos de un “impuesto de sanidad”, dizque para la recolección de basura, pero en nuestra más reciente visita, en septiembre pasado, Holbox estaba muy descuidado, tanto en sus calles (a veces intransitables por las lluvias) como en la limpieza.

Las autoridades no deben dejar caer este bello destino al que llegan muchos turistas de varias partes del mundo, y también evitar que se abuse con ese cobro que, ya vimos, no se utiliza para lo que se recauda.