El “Plan B” de la reforma electoral federal, que este viernes entró en vigor, establece un plazo dirigido al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (Iepac) y al Congreso del Estado para que, a más tardar 90 días antes de las elecciones de 2024, adecúen su estructura y la legislación local en materia electoral, respectivamente.

Por ello, el consejero presidente del Iepac, Moisés Bates Aguilar, declaró ayer que el “Plan B” establece que, en el caso del organismo, este funcione sólo con dos direcciones: Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica, y la de Administración,  Prerrogativas y Asuntos Jurídicos, las cuales concentrarán el trabajo que desarrollan las actuales 10 direcciones que en este momento tiene el organismo.

Hay que precisar que las elecciones de 2024 se llevarán a cabo el domingo 2 de junio, por lo que con base en la citada legislación, las adecuaciones respectivas deberán realizarse a más tardar a finales de febrero del próximo año.

Ayer, este rotativo informó que luego de que el Diario Oficial de la Federación publicó el jueves el citado “Plan B”, aprobado por el Congreso de la Unión, que ordena una reestructuración de los organismos comiciales, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán reveló que un total de 30 funcionarios podrían ser despedidos, toda vez que son miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.

En entrevista respecto de las implicaciones del “Plan B” en los organismos electorales estatales, Moisés Bates declaró: “hasta donde nosotros hemos podido ver, la reforma se publicó el jueves y, a partir de este viernes (ayer) empezó a surtir efectos legales en varios términos. En el caso del Iepac, se entromete en la estructura interna, al tratar de comprimir en dos grandes direcciones al Instituto, pero en los artículos transitorios establece que el organismo deberá acoplarse al “Plan B” en un plazo de hasta 90 días antes de la elección. Es decir, tenemos tiempo para analizar la ley y ver cómo surte efecto para nosotros, si es que fuera el caso”.

En este sentido, expuso que será importante dar seguimiento a las resoluciones que emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de la reforma.

Moisés Bates agregó que la citada modificación legal también establece un plazo de 90 días antes de las elecciones de 2024 para que el Congreso del Estado realice los ajustes a la legislación electoral correspondiente.