Israel Cárdenas/Milenio Novedades
MÉRIDA, Yuc.- A casi un año de que sus tierras fueron invadidas, los 19 propietarios afectados de Hunucmá manifestaron ayer su confianza en que las autoridades resolverán a su favor y que sancionarán a los responsables por utilizar ilegalmente 31 hectáreas de terrenos.

Los abogados de los afectados, Miguel Ceballos Martín y Gilberto Can Canul, precisaron ayer que en mayo de 2014 un grupo de personas encabezadas por el comisario ejidal de Hunucmá, Víctor Canul Gómez “El Caballo” invadió 31 hectáreas del paraje San Antonio Número 1, propiedad de 19 ejidatarios, con el ofrecimiento de repartirlas en más de 600 lotes.

Ceballos Martín explicó que el comisario prometió a sus seguidores que en diciembre de 2014 el terreno invadido tendría títulos de propiedad, lo cual no fue posible porque las 31 hectáreas tienen propietario.

Ante esta situación, los afectados interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto delito de “despojo de cosa inmueble, daño en propiedad ajena, robo y las que resulten”. El expediente es el 201-26/2014.

La Fiscalía ha integrado una investigación y ha dado seguimiento al tema. Asimismo, ante esta instancia los promoventes han presentado los documentos que acreditan la propiedad de los terrenos en cuestión.

Confianza, por un lado, y desinterés, por otro

Ceballos Martín y los propietarios afectados manifestaron ayer su confianza en que esta autoridad fallará a su favor y se aplicarán las medidas de apremio en contra de los invasores.  

El abogado lamentó que el presidente municipal de Hunucmá, Delio Jaime Pérez Tzab, haya demostrado desinterés para intervenir en este asunto.

Por su parte, el abogado Gilberto Can mencionó que también han recurrido a otras instancias legales para proceder en contra de los paracaidistas; interpusieron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por delitos ambientales, donde se integró el expediente PFPA/ 377/2C/0106-14 para frenar la tala de árboles. 

Los agentes de la dependencia federal acudieron al predio a levantar información; sin embargo, hasta el momento no ha emitido resolución.

También interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) en contra del alcalde Delio Jaime Pérez, ya que ha evitado intervenir de manera directa para mediar la situación.

“Al no intervenir, esta situación se torna mucho más complicada y alcanza otras latitudes; la Codhey llamó a comparecer al Presidente Municipal, pero hasta este momento no se ha emitido respuesta”, apuntó.

Ceballos Martín exhortó a la sociedad a no caer en la tentación de obtener un terreno que a la larga no pueda ser suyo y sea motivo para que pierda su dinero.

“Lamentamos que la gente más vulnerable siga siendo utilizada en este tipo de acciones que pudieran tener un trasfondo político”, apuntó.