Israel Cárdenas
MÉRIDA, Yucatán.- Los usos y costumbres de la comunidad maya de Yucatán serán legales, es decir, podrán ser utilizados para regirse, por lo cual el juez maya podrá dictar sanciones máximas de hasta seis meses trabajo comunitario pero no tendrá la facultad de encarcelar. 

Ayer, la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado aprobó por unanimidad  el dictamen de la iniciativa de Ley del Sistema de Justicia Maya, que pasará hoy al pleno para que los 25 diputados den su aval.

Al respecto, Javier Chimal Kuk , vocal de la comisión, precisó que el objetivo es establecer el sistema de justicia maya en Yucatán, a través del cual el Estado reconoce el derecho de las comunidades mayas, que podrán aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos.

“Se crea el Sistema de Justicia Maya del Estado como el conjunto de normas, autoridades y procedimientos que garantizan a los integrantes de la comunidad maya de Yucatán el derecho a aplicar sus propias formas de solución de conflictos internos con base en sus usos, costumbres y tradiciones”, explicó.

El diputado panista agregó que el juez maya tendrá a su cargo la impartición de justicia al interior de la comunidad maya que lo elija, en los términos de sus usos, costumbres y tradiciones, así como en observancia de las disposiciones establecidas en la Constitución Federal y la Constitución Política local.

Agregó que la propuesta legislativa estipula que el juez maya podrá imponer como sanción por infracciones a las leyes administrativas, la realización de trabajos a favor de la comunidad maya a la que pertenezca el infractor, por un periodo mínimo de quince días hasta un máximo de seis meses.

Requisitos

• El diputado Javier Chimal Kuk explicó que en ningún caso y por ningún motivo el juez maya aplicará privación de la libertad como medio de apremio, medida de seguridad o sanción.
• Para ser juez maya se requiere tener al menos 25 años de edad; gozar de buena reputación y no haber sido condenado con pena de prisión por la comisión de un delito doloso.