MÉRIDA, Yuc.- Debido a que los fiscales no cumplieron con el mandato constitucional de igualdad de derechos y el respeto al debido proceso al no entregar las copias de la carpeta de investigación a la defensa de los acusados, de un caso de robo de un lote alhajas, el juez primero de control Antonio Bonilla Castañeda difirió la audiencia de imputación hasta dentro de 11 días.

El juez indicó a los fiscales que además de que es un mandato constitucional, es su obligación entregar a tiempo las copias de la carpeta de investigación, pues ellos son los más interesados en que se lleve la audiencia de imputación sin retrasos.

“Sobre todo –continuó- porque desde el día 2 de este mes solicitaron el ejercicio de la acción persecutoria en contra de los acusados, de modo que no es posible que hasta el día de audiencia (este viernes) no hayan entregado las copias de la carpeta de investigación”.

Aunque notificaron al abogado defensor que pasara a la agencia del Ministerio Público para que se presentara a recogerlas, lo cierto es que cuando lo hizo, no estaban listas.

Los fiscales alegaron que por ello se fijó una hora y fecha, pero el abogado defensor se presentó hasta el día siguiente, de modo que por la carga de trabajo tendría que esperar.

A esto, el juez Bonilla dijo que la entrega de las copias de la carpeta de investigación no debe estar sujeta a la carga de trabajo de la agencia del Ministerio Público, sino que ya deben estar listas y en este caso incluso se pudieron haber entregado al defensor en su oficina en lugar de notificarle que pasara por ellas.

Por tanto y para garantizar el debido protocolo y los derechos de los acusados, el juez Antonio Bonilla decidió diferir la audiencia hasta el próximo 8 de mayo, a las 11 de la mañana, así como dio un plazo de 24 horas a los fiscales para que entregaran las copias de la carpeta de la investigación a la defensa.

A su vez, los abogados defensores entregaron a los fiscales una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado sobre este asunto en el que hablan del abuso de poder y otras irregularidades cometidas por policías ministeriales y ministerios públicos en este caso.

En este asunto hay cinco acusados, de los cuales uno fue declarado prófugo de la justicia, en otro quedó en suspensos porque no fue notificado de la audiencia, y tres se presentaron acompañados de sus abogados defensores.

Al término de la audiencia, las dos denunciantes –esposa e hija de uno de los acusados– y sus familiares se enfrascaron en una discusión y dimes y diretes con los acusados –el padre y todavía marido de las demandantes, su nueva pareja sentimental y el hijo de ésta–, de modo que el personal del juzgado intervino para que las cosas no pasaran a mayores.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2015, cuando los agentes ministeriales fuertemente armados irrumpieron en un predio de los quejosos, entre los que estaba una menor de edad, a quienes arrestaron por un presunto robo denunciado por Norma G. C. en contra de su aún cónyuge José L. S.

En esos hechos, los policías decomisaron cuatro vehículos, detuvieron a todas las personas que estaban en el lugar, así como se llevaron más de 160 mil pesos en efectivo, mientras revisaban toda la casa en busca de unas presuntas alhajas robadas.

El afectado señaló que su todavía esposa promovió procedimiento especial de divorcio sin causales ante el Juzgado Tercero de Oralidad vespertino en Mérida.

Sin embargo, según la acusación, Norma G. C. ha incurrido en fraude procesal y otros hechos posiblemente delictuosos, ya que con maquinaciones y engaños logró que no se llegara a una compensación, al disolver la sociedad conyugal, al ahora denunciante sobre el dinero y propiedades que acumularon durante su matrimonio.