Luis Fuente/Mérida
Después de varios meses de prórroga por parte del Ministerio Público para ejercitar la acción persecutoria, hoy se llevará a cabo la audiencia de imputación y solicitud de vinculación a proceso del empresario Luis Alberto Cepeda Cruz, quien está acusado de millonario fraude cuando se desempeñaba como presidente de la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (Ugroy).

La audiencia será presidida por el juez primero de control de Valladolid, José Enrique Sáenz Dzul, la cual inició a las 10:00 horas en el Centro de Justicia Oral de esa ciudad.

Este asunto comenzó en junio de 2018 con la denuncia por fraude interpuesta por la empresa Brisas Inmobiliaria y Construcciones, ilícito que presuntamente Cepeda Cruz cometió en contubernio con operadores políticos del entonces Gobierno del Estado y presuntamente empresas “fantasma”.

Incluso, poco antes de que terminara la administración estatal, la Fiscalía decretó la suspensión del ejercicio de la acción persecutoria.

Por ello, los representantes legales de la empresa afectada promovieron un control judicial ante el juez José Enrique Sáenz Dzul, quien revocó la decisión del Ministerio Público y le ordenó reabrir la investigación.

Los fiscales solicitaron dos prórrogas para resolver sobre este asunto y cuando pidieron una tercera, a finales de mayo pasado, el juez Sáenz Dzul la negó y les otorgó un plazo de cinco días para emitir una resolución, que fue ejercer la acción persecutoria en contra de Luis Alberto Cepeda Cruz.

Por ello, el juez de control programó para hoy la audiencia de imputación, en la que los fiscales formularán los cargos al acusado y ex presidente de la Ugroy, Luis Alberto Cepeda Cruz, quien tiene derecho de no rendir su declaración sobre los hechos que se le imputan.

Luego, los fiscales harán la solicitud de vinculación a proceso, en la que expondrán los datos de prueba con los que cuentan para presumir la probable responsabilidad del imputado en el delito que se le atribuye.

En esta etapa, el acusado puede elegir entre 72 ó 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso, o renunciar a ello y se llevaría de manera inmediata la resolución de su situación jurídica y se determinarían las medidas cautelares.