Mérida: libra acusación de homicidio trailero que prensó a niño

El menor falleció a consecuencia de un accidente que provocó el conductor

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El acusado solo pudo ser imputado y vinculado por el delito de lesiones que pusieron en peligro la vida. (Foto de contexto/Novedades Yucatán)
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Luis Fuente/Mérida
En una sola audiencia, José Antonio E. J. fue imputado y vinculado a proceso como presunto responsable de causar un accidente, en el que un niño de dos años de edad quedó prensado por un automóvil en una calle del fraccionamiento Zazil-Ha, en el sur de Mérida.

Aunque el menor falleció a consecuencia de complicaciones por las lesiones que sufrió en el percance vial, los fiscales no pudieron acusar de homicidio al presunto responsable, pues el deceso ocurrió más de 90 días después de los hechos y la autopsia determinó que la causa de la muerte fue neumonía. Por ello, la acusación es por lesiones que pusieron en peligro la vida cometidos por culpa.

Los hechos sucedieron el 15 de septiembre de 2018, cuando el ahora imputado, borracho, conducía un tráiler sobre la calle 123 del fraccionamiento Zazil-Ha, cuando en el tramo entre la 52 y 52-A, perdió el control del vehículo y colisionó con un Jetta estacionado.

Por el impacto, el automóvil se subió a la banqueta y atropelló al niño de dos años de edad, quien quedó prensado contra la pared, de modo que resultó con múltiples lesiones en bazo, pulmones, columna vertebral, cadera y ambas piernas.

El niño recibió los primeros auxilios de paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y fue trasladado a un hospital.

A pesar de que el menor sobrevivió al accidente y fue dado de alta, falleció posteriormente por complicaciones de las lesiones que sufrió y que fueron deteriorando su salud.

En la audiencia realizada este viernes en el Centro de Justicia Oral, el acusado fue imputado y vinculado por el delito de lesiones que pusieron en peligro la vida.

El juez primero de control, Antonio Bonilla Castañeda, le fijó una garantía económica de cinco mil pesos, le prohibió salir de la península, no acercarse a las víctimas indirectas -padres del niño fallecido-, y estar bajo la vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares.

También fijó un plazo de dos meses a los fiscales para el cierre de investigación de este caso.

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