La ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel Mossa, no debe de renunciar a su cargo, no es lo correcto, sino que debe de ser destituida, cesada, despedida o inhabilitada. Hacer eso no sería rudeza, no tendría nada que ver con su género, edad, quién sea su cónyuge, sus preferencias políticas, o con su trayectoria, sino simple y sencillamente sería la consecuencia natural de haber incurrido en un acto que amerita tal respuesta.

Quien renuncia a continuar ocupando una posición laboral o desempeñando una responsabilidad dentro de una organización, puede sentirse determinada a hacerlo por una variada y amplia cantidad de motivos, como por ejemplo, que ya no encuentra satisfacción en lo que hace, o porque se le ha propuesto asumir otra responsabilidad en la que, o tendrá una mejor remuneración o simplemente se encontrará más a gusto; o porque una enfermedad o cualquier otra causa le impiden continuar ejerciendo la encomienda. Ahí tenemos el ejemplo de Jacinda Arden, primera Ministra de Nueva Zelanda, quien ha anunciado su renuncia debido a que ella misma considera no contar con la suficiente energía que una responsabilidad de ese tamaño le demanda.

Pero, quien traiciona la confianza de un grupo de personas o los intereses de la institución para la que labora, o comete actos contrarios a la ética en el ejercicio de sus funciones, delitos tipificados en las leyes, o incumple condiciones y requisitos para ejercer una responsabilidad, debe ser cesado de ese encargo y así debe hacerse constar, no como una venganza, mucho menos como un medio para denigrar a la persona, sino como el reconocimiento explícito de que ese es el acto normativo que es correcto, justo y aplicable para dicho caso.

A partir del momento en que Guillermo Sheridan dio a conocer mediante un artículo periodístico los resultados de su investigación, en la que afirmó que la ministra había plagiado su tesis de licenciatura, se ha desatado una vorágine de sucesos, opiniones, críticas, exigencias, investigaciones y testimonios.

La Universidad Nacional Autónoma de México, institución académica que emitió el título de licenciatura de la ministra, después de una profunda investigación ha llegado a la conclusión de que efectivamente, la tesis que defendió ante el sínodo para obtenerlo, fue plagiada de otra presentada con anterioridad.

Después de que se diera a conocer este resultado y hasta hoy, ninguna de las instituciones involucradas ha adoptado acción alguna al respecto.

La UNAM expidió un título profesional que fue obtenido mediante un robo o engaño, la SEP otorgó una cédula profesional con base en dicho título fraudulento, la hoy ministra ha ejercido durante décadas una profesión que nunca debió estar facultada para ejercer, tuvo el privilegio de que se le permita incorporarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estuvo a punto de presidir esa institución del Estado mexicano, que es donde recae uno de los tres poderes fundacionales de nuestro país.

Así que, tanto la UNAM y la SEP, como sus pares en la SCJN, pueden escoger si la cesan de sus funciones, le retiran título y cédula, la despiden, le rescinden su contrato, la inhabilitan o le aplican cualquier consecuencia que legalmente corresponda, pero no, la ministra no debe de renunciar.