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Hace casi dos décadas, la ONU señalaba en un informe sobre México: “La violencia parece estar siempre presente: recorre las calles, se pasea por los parques, deambula por los caminos y también la encontramos asentada en los hogares”. Y señalaba que existe una percepción generalizada de inseguridad frente a la multiplicación de los actos de delincuencia o vandalismo y que son pocos los que creen que la batalla contra la inseguridad se está ganando.

El documento parece una fotografía del México de hoy, de lo que ocurre y cómo lo percibimos, pues, según datos oficiales dados a conocer el pasado martes en la “mañanera”, los homicidios alcanzaron niveles récord en los primeros cuatro meses de este año, al aumentar 2.4% respecto al mismo periodo de 2019, año en el que llegaron a un nivel máximo.

Con esas cifras que dio el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, acompañado de los mandos de Defensa, Marina y de la Guardia Nacional, admitió un revés en los esfuerzos del gobierno de la 4T para combatir la criminalidad, pues cuando asumió el cargo en diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reducir la violencia, pero ésta sigue al alza aun con el confinamiento por el coronavirus.

“Logramos nuevamente revertir la tendencia de crecimiento y estamos ligeramente a la baja en homicidios dolosos con respecto al mes anterior, no se ha permitido la tendencia ascendente como históricamente había estado sucediendo”, aseguró Durazo al presentar las cifras de delitos en México durante abril. “Se ha conservado la línea de contención”, dijo quien hoy sólo es una figura decorativa en las tareas de seguridad, luego de que Sedena y Semar fueran incorporadas a esas tareas. Pero además presumió una disminución de 10.25% de feminicidios en abril, cuando se reportaron 70, ocho menos que el mes anterior. Las mujeres tienen otros datos.

Por entidades, con mayor incidencia se mantienen Guanajuato (con 1,534 en abril), Estado de México y Chuihuahua; en Sinaloa y Tamaulipas, donde tradicionalmente se registraba alta criminalidad, ahora hay una disminución, y Yucatán continúa siendo el que tiene las tasas más bajas, aunque su índice de homicidios sigue creciendo, incluso en tiempos de coronavirus, un problema que tiene muchos bemoles. Especialistas han atribuido a la lucha entre narcotraficantes el alza de los asesinatos en plena pandemia de Covid-19, que ha paralizado casi todas las actividades económicas del país con millones de personas resguardadas en sus casas. Y si bien todos los grupos sociales se ven afectados por la violencia, ésta daña mayormente a los sectores más pobres, ya que tienen pocos medios para defenderse de ella.

La conferencia de ese día fue también motivo para presentar el despliegue de 106 mil 615 elementos de la Guardia Nacional, la fuerza de seguridad “cívicomilitar” creada por AMLO y que constituye su principal estrategia para combatir el crimen, pero como señalaba la ONU en 2002: “Las tendencias apuntan a la construcción de una ciudadanía del miedo”.

Anexo “1”

 ¿Subordinados a la Guardia?

El mismo día en que informó las cifras de la violencia, el secretario de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC) Alfonso Durazo se reunió “viertualmente” con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a quienes aseguró que el objetivo del acuerdo presidencial que incorpora a Sedena y Semar a tareas de seguridad, “es darle operatividad al mandato legislativo, facultando a las fuerzas armadas como primer respondiente; así de importante, pero también así de simple” y que “tal apoyo estará siempre subordinado a la Guardia Nacional”.

Quienes conocemos los entretelones de la milicia sabemos que el principio del mando es la indivisibilidad; es decir, debe ser único e indivisible. En la especie –como dicen los abogados–, hay varias cabezas: un civil, Durazo (que será el florero, pues no es operativo), un comandante de la GN (general Bucio) y los secretarios de Defensa y Marina. El general Bucio debe rendir parte al titular de Sedena, como establece la cadena de mando y, por ende, al de Marina porque aporta efectivos a su fuerza. ¿Quién dictará órdenes al comandante de la Guardia Nacional? ¿Durazo o los altos mandos del Ejército y la Armada?

Y la perla que no podía faltar: el titular de la SSPC aseguró que con el citado acuerdo que regula la participación de las FFAA en labores de seguridad pública no se dan más atribuciones al Ejército y Marina, por el contrario, “se limitan las facultades que de manera general se le otorgan en la Constitución”. Los mexicanos percibimos lo contrario.

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