MÉRIDA, Yuc.- Yucatán tipificará un nuevo delito denominado “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, para combatir el lavado de dinero, que será sancionado con hasta 10 años de prisión y hasta con 5 mil días multa.

Así lo establece el dictamen de reforma a la Constitución Política del Estado, el Código Penal del Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Fiscal, en materia de prevención y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, enviada por el gobernador Mauricio Vila Dosal al Congreso del Estado, que aprobó la Comisión de Puntos Constitucionales. 

Dicha iniciativa establece la creación de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán, como un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, presupuestal y de gestión, con capacidad para determinar su organización interna y el ejercicio de sus recursos con arreglo a las normas aplicables. 

Asimismo, estipula que dicha Agencia tendrá el objeto de prevenir, detectar y denunciar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluyendo aquellas derivadas de incongruencia fiscal o patrimonial y otras conductas sancionables y auxiliar, en el ámbito de sus atribuciones, en su combate, a través de la obtención, tratamiento, consolidación, análisis y administración de la información fiscal, económica, financiera y patrimonial.

Nuevo delito

La citada reforma tipifica el nuevo delito de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, respecto del cual precisa que lo comete el que por sí o por interpósita persona, adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, altere, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera dentro del territorio estatal, o de éste hacia fuera o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que procedan o representen el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita. 

Asimismo, establece que el titular de la nueva Agencia de Inteligencia, quien deberá tener al menos 30 años de edad, será designado por el Congreso del Estado por el voto de mayoría simple, y electo de entre una terna que enviará el gobernador a más tardar el 30 de noviembre próximo. 

Se establece que el funcionario durará 15 años en el cargo y no podrá ser ratificado para un segundo periodo. 

El titular deberá contar con estudios de licenciatura en Derecho, finanzas, tecnologías de la información o carrera a fin a esas materias. 

De la misma forma se establece que el presupuesto asignado a la Agencia de Inteligencia Patrimonial no podrá ser disminuido respecto del año inmediato anterior y se incrementará anualmente, al menos, conforme al índice inflacionario, sin exceder del 10% del presupuesto total asignado a la agencia el año anterior. 

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