|

El presidente desestima, desprecia y rechaza una serie de 68 propuestas, todas ellas de carácter positivo y que reflejan la preocupación de más de 135 mil mexicanos para lograr la recuperación económica del país. Para hacerlo recurre a la mentira, ya que, evidenciando que ni siquiera se tomó el tiempo de leerlas, argumenta que “no habrá rescates para potentados”, que “el estado tiene que proteger a todos y no otorgar privilegios” y que “sería una inmoralidad utilizar al estado para rescatar empresas o instituciones financieras en quiebra”. Ni una sola de las 68 propuestas para un acuerdo nacional pide restacar a nadie, menos a “potentados”, ninguna solicita o exige privilegios, nada en esas ideas permite inferir, adivinar o concluir que se pretenda utilizar al estado para rescatar empresas o instituciones financieras en quiebra.

Invoca el Artículo 25 de la Constitución, y dice que todos deben aceptar lo que establece esa “Ley de Leyes”, respecto de que la rectoría del desarrollo nacional le corresponde al Estado, y que por tanto no puede ningún grupo imponer “su” política.

El Diccionario Jurídico Mexicano señala que por el concepto de Rectoría del Estado se entiende “la capacidad jurídica del mismo para conducir la actividad económica del país”.

El Artículo 25 concede efectivamente al Estado la conducción del desarrollo nacional, pero con la condición de “garantizar que éste sea integral y sustentable”, no para entorpecerlo o limitarlo. Más aún, esta conducción recta del desarrollo debe servir para “fortalecer la Soberanía de la Nación y su régimen democratico”. Si la participación colectiva y organizada de la ciudadanía, mediante mecanismos de participación legítimos, es limitada o rechazada, se debilitan la democracia y la soberanía que residen en el pueblo. El desprecio a las propuestas generosas de una parte del pueblo impide “el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos”. Desestimar el crecimiento económico como condición previa para una justa distribución del ingreso y la riqueza significa no aceptar lo que establece la Ley de Leyes en su Artículo 25.

Quien pretenda ser rector debe saber que la Constitución le otorga poderes para conducir, no para frenar. Debe asumir que para conducir rectamente es necesario escuchar, comprender, recibir e incorporar propuestas. Que, con la participación legítima de los ciudadanos, le corresponde normar y estimular la actividad económica que realizan los particulares, asegurándose de sentar las bases jurídicas que permitan el libre desarrollo de una economía de mercado, que promueva la inversión y asegure la vigencia del estado de derecho.

El noveno párrafo del Artículo 25 señala que se alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares, en nigún momento faculta al presidente para congratularse de la quiebra de las empresas e instituciones, ni para abandonarlas a su suerte.

Por eso me parece interesante que el presidente haya invocado el Artículo 25, solamente le pediríamos que lo leyera completo, y que hiciera una interpretación correcta del mismo.