Tras 56 años de la Matanza de Tlatelolco, acontecida el 2 de octubre de 1968, que significó un crimen de Estado y de lesa humanidad por el asesinato de centenares de seres humanos, la encarcelación, represión y tortura de jóvenes, trabajadores y militantes políticos, y que además fraguó un pacto de terror entre el Gobierno y el Ejército, siendo uno de los principales sucesos de la Guerra Sucia realizada desde el poder contra los movimientos sociales e insurgentes durante décadas en México, y cuya continuidad se observa en caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno federal entrante, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estableció por medio de un decreto que el Estado mexicano debe ofrecer disculpas ante la “atrocidad gubernamental” realizada esa tarde-noche que marcó a toda una generación que luchó por las libertades democráticas en el contexto autoritario del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y, posteriormente, de Luis Echeverría, ambos cómplices genocidas que murieron en la impunidad.

Al anunciarse dicho decreto, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, expresó una primera disculpa pública a los familiares de las víctimas del movimiento de 1968, reconociendo que los sucesos de hace 56 años fueron un crimen de lesa humanidad y que acontecimientos como ese nunca más deben repetirse. Sin duda, esta acción de gobierno representa un avance en la recuperación de la memoria histórica y el establecimiento de nuevas bases para que el respeto a los derechos humanos y el derecho a la protesta, la libertad de expresión y la defensa de las diversas causas sociales que en México tienen lugar. Pero la Guerra Sucia del gobierno mexicano se extendió a todo el territorio nacional, y en Yucatán el asesinato de Efraín Calderón Lara “Charras”, el 13 de febrero de 1974, está inscrito en esa ola de terror, pues ante el avance de la lucha proletaria y la formación de sindicatos independientes el gobierno de Carlos Loret de Mola y la burguesía local secuestró y ultimó al “Charras”, además de que se estableció un Estado de sitio con la policía y el Ejército en las calles, siendo detenidos luchados sociales como Pedro Quijano UC y otros, por ello se decretó la huelga general en la Universidad de Yucatán, institución que fue baleada el 16 de febrero de ese año por el Ejército, y cuya huelga duró alrededor de dos meses de digna resistencia.

En este contexto de perdón histórico y de búsqueda de la justicia, es sumamente significativo que, en el Congreso del Estado de Yucatán, la diputada de Morena, Clara Rosales, realizará un pronunciamiento en el pleno durante sesión ordinaria, sobre la Matanza de Tlatelolco y, en especial, sobre la memoria de la lucha obrera en Yucatán y del “Charras”, a 50 años de su asesinato, destacándose en su mensaje los siguientes párrafos: “Recordemos a Efraín Calderón Lara, conocido como “Charras”, un joven apasionado por la defensa de los derechos de los trabajadores y los sindicatos independientes. Su vida fue brutalmente arrebatada el 13 de febrero de 1974, tras ser secuestrado y asesinado por su activismo social. Calderón Lara se dedicó a mejorar las condiciones laborales y desafió a las autoridades estatales al fundar seis sindicatos independientes […] Su asesinato fue perpetrado por agentes del gobierno estatal, bajo las órdenes de Carlos Loret de Mola, entonces gobernador de Yucatán. Este crimen, destinado a silenciar su voz y frenar su lucha, continúa generando una profunda indignación. A 50 años de su muerte, su legado se ha convertido en un símbolo de resistencia y lucha por la justicia social, recordándonos que su causa sigue viva en la defensa de los derechos laborales y la libertad sindical”.

El mensaje de la diputada Clara Rosales es de suma importancia para encaminar una reivindicación de Efraín Calderón Lara y de toda su generación, cuya lucha forjó la huella que hoy marca el camino para la conquista de los derechos despojados a la clase obrera y a tantas otras luchas y movimientos sociales que convergen en Yucatán y en México, por lo que la exigencia y vigilancia de que no exista más represión de Estado y que el Ejército deje de ser un arma contra el pueblo, requiere de la vigilancia de la sociedad y de todos los sujetos políticos y sociales, para que nunca haya otra matanza, asesinato ni desaparición forzada. Ambos acontecimientos, el movimiento de 1968 y el movimiento sindical independiente de 1973-74, deben incorporarse a cabalidad en la enseñanza de la historia nacional y local, analizándose en su contexto global, para que las nuevas generaciones conozcan y dignifiquen también la memoria de las luchas sociales y reivindiquen sus derechos actuales.