Patricia Itzá/Mérida
El Gobierno del Estado informó ayer que está en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designe a un magistrado ponente que se encargará de desahogar el juicio de controversia constitucional que promovió Yucatán la semana pasada, luego que por decreto el Gobierno de Quintana Roo pretende modificar sus límites, afectando territorio del Estado.

La secretaria general del Gobierno, María Fritz Sierra, informó que la autoridad estatal no esperó que a llegar al término del plazo que tenían, el cual concluyó ayer, para que interpusieran la demanda en defensa del territorio, por lo que ahora están en la espera de ser notificados para saber a quién le asignarán el caso.

“Presentamos todo los documentos en tiempo y forma por lo que la Corte tiene que seguir un procedimiento de asignación a un magistrado ponente, así que hasta el momento no nos han notificado para que acudamos a realizar los alegatos correspondientes”, indicó.

Dijo que hasta el momento no les han proporcionado la fecha en la que se realizará esta notificación, debido que la Suprema Corte “tiene sus tiempos”.

Recordó que el Ejecutivo del Estado, a través de la Consejería Jurídica, recabó las firmas de los representantes de los poderes Legislativo y Judicial para interponer la demanda de controversia constitucional por el conflicto limítrofe con Quintana Roo.

La modificación de la zona limítrofe de Quintana Roo con Yucatán afecta a los municipios yucatecos de Peto, Tzucacab y Tekax, Chemax, Valladolid, Chichimilá, Tixcacalcupul y Chikidzonot.

Aunque el tema ya está en un proceso legal aún no se define la extensión territorial que se vería afectada.