Se comprobó, una vez más, que los programas sociales del gobierno de la 4T van en sentido contrario a sus objetivos, o quizás en el sentido que realmente quiere que vayan: captar seguidores y votos para Morena. Se evidenció, por ejemplo, con un reportaje de Bloomberg que documentó la tala y quema de árboles en varias entidades del sur-sureste, incluidas Yucatán, Quintana Roo y Campeche, para sembrar nuevas plantas y así cobrar el apoyo federal. Los datos duros fueron negados por el presidente al que nada le inmuta: “70 árboles no son lo mismo que 70 hectáreas” y “ya no hay selva en la Península”.

Recientemente la Auditoría Superior de la Federación reveló la anarquía y opacidad con las Becas para el Bienestar, que otorga $1,600.00 bimestrales a todos los estudiantes de nivel medio superior, sin tomar en cuenta su desempeño académico; o el polémico Jóvenes Construyendo el Futuro, dirigido a personas de entre 18 y 29 años, que reciben durante un año $3,600.00 mensuales, con el único requisito de que no estudien ni trabajen, es decir, los “ninis”. Un buen incentivo (ironizo) para no hacer nada y que los mantenga el gobierno.

Antes, se comenzaba a trabajar desde muy joven (generalmente se aprendía un oficio) y se buscaba una beca con base en las buenas calificaciones; hoy se atienen a las dádivas de los gobiernos. Otro mal ejemplo es el programa “60 y Más”, que entrega $2,550.00 cada bimestre a los adultos mayores sin importar que tengan una generosa pensión (salud, almirantes y generales), lo que habla de un dispendio de recursos, pues hay muchos “viejitos” que requieren este apoyo y no lo reciben.

Este panorama de incongruencias se replica en el gabinete, donde para desempeñar un cargo el requisito, en palabras de AMLO, es “99 por ciento honestidad y uno por ciento capacidad”, aunque algunos, como el director de CFE, incumplen ambos requisitos; en la Conade, ser deportista de excelencia no es garantía de ser funcionaria honesta y capaz; en Pemex, un ingeniero agrónomo amigo del mandatario está dando la estocada a la paraestatal; y hay otros a los que ni siquiera se les conoce, porque no hace falta, todo lo decide el Ejecutivo. Sólo pasan el tamiz del presidente las fuerzas armadas, a quienes califica reiteradamente como “instituciones limpias”, claro, son quienes le aportan mucha mano de obra “gratuita” en sus proyectos de gran envergadura como el tren maya y el nuevo aeropuerto y en el apéndice que es la Guardia Nacional.

Volviendo a los programas de Andrés, el año pasado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) afirmó que no ayudan a evitar las carencias esenciales de la población, pues la transferencia directa de dinero “no significa una atención integral” en aspectos como servicio médico o el desarrollo humano.

Así, la política social del actual gobierno no ha roto el enfoque asistencialista de las administraciones pasadas y tampoco ha asumido la obligación constitucional de asegurar el desarrollo de todos los mexicanos.

Anexo "1"

Mexicana de excepción

Una buena noticia. Este 10 de marzo, la embajadora María del Socorro Flores Liera se convirtió en la primera mexicana en tomar protesta como jueza en la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, Holanda.  Ocupará el cargo entre 2021 y 2030.

Fueron seis nuevos jueces de la CPI los que prestaron juramento durante la ceremonia en la sede de la Corte, cuatro mujeres: Joanna Korner, de Reino Unido; Miatta Maria Samba, de Sierra Leona; Althea Violet Alexis-Windsor, de Trinidad y Tobago, y la mexicana; y los magistrados Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Sergio Gerardo Ugalde Godínez, de Costa Rica.

María del Socorro Flores Liera es miembro del Servicio Exterior Mexicano; desde 2017 se desempeña como representante de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza. También ha sido subsecretaría para América Latina y el Caribe, directora general para Temas Globales y directora de derecho internacional.

En materia de Derecho Internacional, fue integrante de la delegación mexicana encargada de negociar el Estatuto de Roma y en 2016 fue jefa de la Oficina de la Corte Penal Internacional ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sin duda, una mexicana de excepción.