MÉRIDA, Yucatán.- Para que se pueda procesar a un funcionario público por un posible acto de corrupción es importante que se llegue a la denuncia, ya que sin esa herramienta poco puede hacerse, señaló la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SEAY, Mónica Febles Álvarez-Icaza.

Sin embargo, esto aún no ocurre seguido, por lo que se debe de trabajar en cambiar la mentalidad de la sociedad y sobre todo dar a conocer los lugares en donde pueden presentar su inconformidad.

“En el comité de participación ciudadana somos la voz de la ciudadanía, por lo que sus integrantes son los que reciben la queja y posteriormente se la dan a conocer a la Secretaría Ejecutiva; por lo que estos determinan si hay hechos que sustenten lo dicho y, si los hay, se turna a la instancia correspondiente”, precisó.

Denuncian actos de corrupción solo en redes

Las ventanillas que se ubican en el edificio se instalaron desde el mes de junio del 2019, pero hasta el momento no han recibido más de cien quejas por posibles actos de corrupción de servidores públicos.

“Hemos visto que se ventila mucha información en los medios de comunicación sobre todo en las redes sociales; sin embargo, las personas afectadas no llegan a presentar una queja en donde se le pudiera dar un acompañamiento”, expresó.

Febles Álvarez-Icaza admitió que todavía falta mucho camino por recorrer en el tema, por lo que no sólo se puede trabajar en las acciones anticorrupción sino también en la cultura de la denuncia.

Un ejemplo del poco interés por dar a conocer los hechos de este tipo es que durante la pandemia solo ha llegado una queja; sin embargo, no procedió porque fue anónima, pero principalmente porque no se proporcionaron mayores datos para ser investigado.

“La queja fue por una persona que estaba inconforme por un programa de pesca pero la situación no tuvo mayores datos por lo que era imposible que se tuviera algún acompañamiento o seguimiento del tema”, explicó.

“Cuando pensamos en corrupción solo pensamos en servidores públicos, sin embargo, en este tema estamos todos, cada integrante de la sociedad tienen que hacer de su parte, por ejemplo los servidores públicos deben de actuar en beneficio de la ciudadanía, pero por otro lado las empresas tienen que hacer lo suyo y actuar con honestidad; y también los ciudadanos tiene que hacer su parte, si ven actos sospechosos es importante que lo den a conocer”, argumentó.

Corrupción, un mal que aqueja a toda la población

Precisó que este mal que aqueja a la ciudadanía se debe de acabar con el esfuerzo y trabajo de todos, no solo de los servidores públicos.

Ante esta situación, dicha institución está realizando acciones más concretas para que todo acto de corrupción pueda ser investigado de manera correcta. Un mecanismo que presentaron fue la Política Estatal Anticorrupción de Yucatán (PEAY) que se ha trabajado durante un año para su conformación.

“Nace de un clamor y hartazgo, la misma ciudadanía reclama que se haga algo diferente; sin embargo, cuando se instaló el comité coordinador la gente ya estaba escéptica; muchas veces piensan que somos servidores públicos, pero no es así nosotros somos ciudadanos comprometidos con la causa”, indicó.

Dicho documento está diseñado para que, a largo plazo y sin importar los cambios de gobiernos, sea una herramienta eficiente en el combate a la corrupción al ser medible y evaluable.

Indicó que con el objetivo de socializar la propuesta de la PEAY, se publicó el documento en el cual se encuentra el diagnóstico del problema a nivel estatal y los alcances de la política, así como los detalles sobre los ejes estratégicos y las bases para su implementación.

Para su elaboración, explicó Febles Álvarez-Icaza, se están llevando a cabo consultas directas con la ciudadanía, municipios y un Consejo Técnico, además de que fueron consultadas fuentes nacionales e internacionales sobre corrupción.

Política Nacional Anticorrupción

Recordó que a nivel nacional existe ya la Política Nacional Anticorrupción (PNA), por lo que la PEAY buscó alinearse con ésta a fin de que ambas trabajen en la misma dirección.

Como resultado de los procesos de consulta, se han identificado factores, causas y efectos de la corrupción que van desde la existencia de altos niveles de impunidad; situaciones que propician la arbitrariedad y el abuso del poder; así como un contacto entre Gobierno y sociedad, distorsionado por actos de corrupción.

Agregó que también fueron señaladas una débil participación de la sociedad y el sector privado en el control de la corrupción; una escasa labor para socializar valores de integridad que aporten a la cultura anticorrupción; y, finalmente, limitadas acciones de combate a la corrupción en los municipios.

A partir de ese panorama, la también presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY) dijo que se fijaron 60 prioridades, mismas que fueron agrupadas en seis ejes estratégicos.

De ese modo, detalló, la SEAY plantea sus cuatro primeros ejes totalmente alineados con la política nacional: Combatir la corrupción e impunidad; combatir la arbitrariedad y el abuso de poder; promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad; e involucrar a la sociedad y el sector privado.

Para el caso de Yucatán, Mónica Febles precisó que se agregaron dos ejes más, los cuales prevén promover la educación y cultura anticorrupción; y fortalecer a los municipios en el combate a la corrupción.