La Constitución Política de 1917 describe en el artículo 123, las acciones del Estado para preservar la salud e integridad individual y colectiva de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familias, a través de diversos seguros que brinden protección y bienestar social, así como de acciones complementarias a fin de tener una sociedad saludable y protegida.

Con ese propósito se publicó en 1943 la Ley del Seguro Social, Ley que da origen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que desde entonces y hasta la fecha, y sin quitarle mérito a otras instituciones, es la columna vertebral de la seguridad social en nuestro país. Posteriormente, en 1959 se crea el Issste, con fines análogos a los del IMSS, pero orientado exclusivamente a los trabajadores al servicio del Estado.

El objeto de la seguridad social es garantizar el derecho humano a la salud, a recibir la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, recibir una pensión, la que puede ser garantizada por el propio Estado, cumplidos los requisitos de Ley, además del derecho a obtener crédito de vivienda por parte Infonavito de Fovissste.

Con el tiempo se fueron atendiendo necesidades más específicas de grupos vulnerables, entre ellos: patrones, personas físicas, trabajadores independientes, cañeros, personas al servicio del hogar, empresas familiares, etc., y se crearon otros beneficios y servicios tales como guarderías, ayuda para gastos de matrimonio, gastos de funeral, retiros parciales por desempleo, otros.

A partir de 1943, el IMSS ha sido y seguirá siendo el instrumento del Estado, para hacer extensivo a toda la población, los beneficios del desarrollo económico, social y político, logrado en el país, sin embargo, el IMSS no ha sido ajeno a las crisis.

Por ello, en 1992, se instrumentaron reformas al sistema de pensiones, que aliviaron el mal, tanto como un “mejoralito” al crear el SAR 92. Con el propósito de asegurar la viabilidad financiera, a mediano y largo plazo, en 1996 se modifica el sistema de pensiones y se promulgan nuevas reformas que cambiaron profunda y radicalmente el sistema de pensiones.

Para ello, se promulgó la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, instrumento por el que se permitió la participación de empresas privadas en la administrar los fondos destinados a la compra de pensiones, llegada la edad del retiro y pensión y así surgieron las Afore y las Siefore. Con las reformas de 1997, se creó la cuenta individual y se aumentan las semanas a cotizar, pero por la contrarreforma de 2021, será el Estado el que a mediano plazo tendrá que financiar el 100% de las pensiones garantizadas que se otorguen.