MÉRIDA, Yucatán.- En diversas parte de la entidad, hay una serie de proyectos de inversión privada en el medio rural que están " congelados ", a pesar de que las autoridades han supervisado y dado el visto bueno y los inversionistas han mostrado la mejor voluntad de cumplir lo que la ley establece para que puedan operar, y simplemente no se les permite continuar.

Martha Capetillo Pasos, Nancy Walker Olvera, Raúl Lugo R. y Beatriz Cantú Bacelis, quienes lideran la organización “Indignación AC” en Yucatán, entre otros, están en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera, luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, denunciara que hay organizaciones civiles que reciben financiamiento extranjero pero trabajan con la intención de evitar el proyecto del tren maya.

Los integrantes de esta agrupación que cobró fuerza hace más de dos décadas por la defensa de los derechos humanos perdieron el rumbo en los últimos años, aprovechándose de la buena fe de los pobladores de áreas rurales, para usarlos en su beneficio para frenar proyectos de inversión pública y privada que no ceden sus requerimientos y presionar a las autoridades que tratan de obtener un beneficio.

Sin embargo, cuando se trata de abanderar causas que importan a la sociedad, como los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, todo cambia, se ocultan incluso, como el caso de Ricardo CC, sobrino de Martha Capetillo Pasos, quien intentó matar a su ex novia en el estacionamiento de una plaza y luego cobardemente se escondió para no enfrentar las consecuencias legales; ella, integrante de este colectivo, no hizo ningún pronunciamiento al respecto, no exigió, calló a pesar de la gravedad de ese hecho.

Líderes empresariales han rechazado el interés de chantaje de los grupos que buscan frenar proyectos de inversión en la entidad.

La operatividad de la agrupación, que según los reportes federales reciben millonarios recursos está hoy bajo un intenso escrutinio, porque se supone que reciben financiamiento para apoyar a la población maya desprotegida, pero sus acciones están enfocadas a frenar todos los proyectos que se planean realizar en la zona rural de la entidad, además de que sólo engañan a las personas que deben apoyar, utilizándolos para sus fines.