MÉRIDA, Yuc.- El proyecto del tren maya fue suspendido provisionalmente en los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal, tras un fallo del Juzgado Tercero de Distrito con sede en Yucatán, y el próximo 27 de enero se decide si procede la suspensión definitiva del plan en dichas sedes. 

Cabe señalar que no se suspende la rehabilitación de la vía del tren previamente existente en dichos municipios, pero las autoridades deberán abstenerse de ejecutar obras nuevas relacionadas con el proyecto ferroviario en los municipios de Chocholá, Mérida a Izamal, que se encuentran en el tramo 3 del tren maya.

Lo anterior debido a un amparo solicitado por el colectivo Kanan Derechos Humanos, que promovió el recurso desde julio de 2020.

En esa fecha se ingresó el amparo en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Sin información suficiente de riesgo ambiental, señalan

Según el abogado del colectivo, Roberto Sánchez Campos, el recurso se promovió porque durante la consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental del Tren Maya, realizada del 2 al 30 de julio de 2020, no se proporcionó información suficiente sobre especies animales en riesgo y otras afectaciones ambientales. 

Mientras el amparo se resolvía, la Semarnat aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Tren Maya el pasado 30 de noviembre, “lo que implica que las autoridades ya podían ejecutar obras nuevas en cualquier momento, pese a que la propia Semarnat reconoce en la aprobación de la MIA que hubo información que no se puso a disposición de la comunidad para llevar a cabo la consulta”, explicó el abogado.   

El amparo iniciado en julio de 2020 fue ampliado por las comunidades quejosas en contra de la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental, al no haberse garantizado toda la información ni la participación pública en la consulta. 

“Ambas autoridades están demandadas como corresponsables al incumplir con sus obligaciones para la protección del medio ambiente, la transparencia, acceso a la información y participación pública durante el proceso de consulta al público”, finalizó Sánchez Campos.

Con información de El Economista

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