MÉRIDA, Yuc.- El panorama de la inclusión cada vez se abre más, así lo refirió la presidenta del Instituto de Capacitación, Interpretación y Traducción de Lengua de Señas, Cristina Puga May, debido a que no sólo las personas están interesados en aprender la lengua de señas, sino también las autoridades y eso habla de que se quiere visibilizar más a las personas sin audición o que tengan problemas por comunicarse. 

Actualmente los ayuntamientos de Umán, Valladolid y de Ticul han solicitado sensibilizar a su personal respecto a este tema, pero también hay interés de otros como de Tizimín para que puedan capacitarse y aprender una comunicación básica.

“Debido al éxito que se tuvo, el municipio de Ticul ha solicitado de nueva cuenta que se repita el curso para el personal de otras áreas porque el primero que se otorgó fue dirigido al departamento del DIF”, explicó. 

Dijo que el curso se realiza con cupo limitado para que se dé un aprendizaje efectivo, por lo que el taller duró varios días, y las personas participantes aprendieron a realizar una conversación básica.

Señaló que se ha visto un avance en el interés de aprender esta lengua no sólo por parte de las autoridades sino también por parte de la sociedad, debido a que sus cursos han tenido una alta demanda.  

Congreso del Estado interesado en lengua de señas

Asimismo, en el Congreso del Estado, la diputada del PRI, María Moisés Escalante, presentó este miércoles una iniciativa para reformar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y su reglamento, para incluir un intérprete de lengua de señas mexicana durante las sesiones ordinarias y de la Diputación Permanente.

Lo anterior,  para que el Congreso de Yucatán sea más inclusivo, en este caso, con las personas con deficiencia sensorial auditiva. 

“Y que la unidad de comunicación social procure que, en las transmisiones en vivo de las sesiones, sea visible la persona intérprete para que las personas con discapacidad auditiva sean partícipes del actuar de quienes legislamos”, agregó. 

Además, dijo, la iniciativa contempla que el Poder Legislativo tendrá un plazo no mayor a 90 días para su implementación, a partir de la entrada en vigor del decreto, a efecto de que se capacite al personal necesario en la lengua de señas mexicana.