Cuando la autoridad incumple su obligación de propiciar un clima de paz en la comunidad y el respeto de los derechos de los ciudadanos, se crea un clima que puede desbordar los cauces de la legalidad y entrar en una espiral de violencia, que creo nadie desea.

Lamentable pero ese es el ambiente que se ha permitido, por omisión y comisión, en la capital del país con los gobiernos de la 4T. Prueba de ello son los desmanes ocurridos en las marchas: por el aniversario de la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, la despenalización del aborto y la conmemoración del movimiento del 68, que tuvo como punto culminante la matanza de estudiantes en Tlatelolco. De este último, una conmemoración que debe reivindicar los derechos de los jóvenes a manifestarse en contra del gobierno, se ha transformado en pretexto para que anarquistas (eso son, sin duda) desfoguen su ira en contra de ciudadanos, comercios y el patrimonio cultural.

Mientras no haya consecuencias ante hechos que se tornan delictivos, la impunidad seguirá siendo caldo de cultivo para que esos grupos violentos conviertan a ciudadanos de bien en rehenes de sus desmanes y actos vandálicos. Ya varios sectores de la sociedad, principalmente la IP, han pedido a los gobiernos federal y de la Ciudad de México que actúen al respecto, pero no han encontrado eco a sus justas demandas.

El pretexto es que no se quiere llegar a la represión, por el costo político que representa para el presidente y la jefa de gobierno. No se trata de reprimir para impedir manifestaciones en apego a la Constitución, sino de frenar o contener acciones violentas que afectan la paz social. Así de simple, pero no menos importante, porque esas conductas se copian y llegan a entidades como la nuestra, en donde en la marcha del sábado pasado vandalizaron el monumento a la maternidad; aquí, el gobierno municipal ya presentó denuncia y se espera castigo a los responsables. Es de destacar la gran marcha de quienes están en contra del aborto, que se realizó sin incidentes ese mismo sábado; luego entonces sí puede haber manifestaciones y protestas sin conculcar derechos de terceros.

Debe haber consecuencias, castigo para quienes no se ajusten a las normas de la convivencia armónica, y más aún cuando se cometen ilícitos. Y ejemplificó con lo que vivimos. En la milicia los llamados arrestos son uno de varios correctivos disciplinarios, que tienen por objetivo “corregir las conductas contrarias a la disciplina y evitar la reincidencia”. Muchos soldados y marinos encontramos que la observancia de esos preceptos nos permitió llegar a buen puerto al término de nuestras carreras, y quienes no pudieron adaptarse buscaron otros horizontes.

Como en toda actividad, nuestros actos derivan en estímulos o castigos, es decir, consecuencias, causa y efecto. Porque pedirles a los violentos que se porten bien o amagar con acusarlos con su mamacita y sus abuelos es, como aún dicen en nuestra tierra, una caballada.

Anexo “1”

Muchos arrestos

Durante mi primer año embarcado (1973) me llegó un exhorto, vía memorándum, del comandante de mi unidad. Se me invitaba a mejorar mi conducta, por haber acumulado más de 44 días de arresto en menos de un año, so pena de ser convocado a comparecer ante el Consejo de Honor. No es pretexto, pero con 16 años y la rebeldía natural de la adolescencia, cuestionábamos las órdenes, murmurábamos del servicio o llegábamos tarde al barco o a las listas, entonces vinieron las consecuencias.

Ese memorándum cambió mi vida porque en mis posteriores memoriales de servicios (siendo tropa) u hojas de actuación (como oficial) mi conducta fue calificada como buena o muy buena. Sí, los correctivos disciplinarios surten efecto, siempre y cuando uno quiera navegar “viento en popa”. No fue tan difícil sabiendo que habría consecuencias.