En un año político como será el próximo 2024, la iniciativa privada yucateca levantó la mano para sumarse a la revisión de la integración y análisis del presupuesto estatal para el próximo ejercicio, adelantó la presidenta de Coparmex-Mérida, Beatriz Gómory Correa.

La representante del sector patronal yucateco señaló que es fundamental que los recursos públicos estén debidamente etiquetados y destinados a las áreas prioritarias de la entidad.

Añadió que, hasta el momento, el sector privado no ha sido convocado para analizar la propuesta del presupuesto estatal del próximo año, lo que ha llevado a Coparmex-Mérida a insistir con las autoridades estatales para obtener información detallada sobre los aspectos y condiciones del presupuesto del próximo año.

Subrayó la importancia de conocer las condiciones y prioridades que se establecerán en el ejercicio gubernamental del próximo año, con el fin de evaluar su alcance y comprender el impacto del recorte presupuestal del 10 por ciento anunciado por el Gobierno Federal para la entidad.

Enfatizó que el presupuesto estatal para 2024 debe priorizar áreas fundamentales como la educación, la salud y proyectos productivos, además de continuar y concluir proyectos iniciados por la actual administración estatal, incluyendo el puerto de altura de Progreso, aspectos de movilidad, construcción de hospitales y servicios anunciados.

La presidenta de Coparmex-Mérida subrayó que es esencial que las finanzas estatales estén claras y debidamente respaldadas al término de la actual administración, con el objetivo de facilitar una transición eficiente hacia la nueva administración estatal, “todo presupuesto debe estar etiquetado de manera que los recursos se destinen de acuerdo a las necesidades y prioridades establecidas.

Por otra parte, Gómory Correa comentó que en el tema del empleo, México enfrenta problemas serios debido a la informalidad laboral, y subrayó que no es sostenible que el 60 por ciento de la economía dependa de la informalidad.

En ese contexto, destacó la importancia de establecer mejores condiciones para combatir el empleo informal, ya que actualmente la carga tributaria y el soporte de la economía recaen en el 40 por ciento de la población y las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales.

A su vez, la informalidad sigue creciendo, generando necesidades en la población que el Gobierno no ha podido resolver de manera efectiva.