MÉRIDA, Yucatán.- Yucatán junto con la Ciudad de México, Michoacán, Baja California, Chihuahua y Estado de México, son las entidades que cada año registran más casos de rapto parental, es decir de sustracción de hijas o hijos por parte de su mamá o papá, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos.

La asociación cuenta con estadísticas que señalan que de 100 casos en el país de niñas o niños desaparecidos, al menos 60 se tratan de sustracción por parte de padres o madres en proceso de divorcio.

Tan sólo el censo de Población y Vivienda 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que en 2010 la población casada era de 48 por ciento en Yucatán, pero en 2020 bajó a 42 por ciento, mientras que la divorciada subió de 1.1 a 2.1 por ciento.

Víctimas colaterales

La activista Adelaida Salas Salazar explicó que hay casos en los que en el proceso de divorcio, los hijos e hijas resultan ser las principales víctimas, ya que su guardia y custodia se disputa entre los adultos involucrados y en el proceso toman decisiones manipuladoras.

De igual forma, comentó que en medio de conflictos conyugales hay casos en los que se sustraen a los menores para dañar a la otra parte.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “se denomina sustracción, retención u ocultamiento ilícito a la separación unilateral e injustificada de una niña, niño o adolescente, de la persona que legalmente detenta su guarda y custodia, ocultándolo o trasladándolo lejos de su lugar de residencia habitual”.

Salas Salazar indicó también que hay padres o madres que se llevan a los menores no sólo a otro hogar dentro del Estado, sino se van a otra entidad, o incluso a otro país.

La activista añadió que esta también es una forma de violencia emocional hacia las niñas y los niños, pues el proceso les genera miedo y confusión y se sienten indefensos ante la situación.

Sobre todo, detalló que el utilizar a los menores de esta manera suele ser un instrumento de manipulación de las personas adultas para que se tomen ciertas decisiones.

La Asociación Mexicana de Padres de Familia Separados considera que de 100 mil divorcios, al menos 30 mil son separaciones violentas y si hay hijas o hijos de por medio, son los más afectados emocionalmente y entre estos casos con situación de rapto parental se ubica Yucatán.

Violencia vicaria en Mérida

En Yucatán, el Frente por los Derechos de las Mujeres en el Estado, tiene el registro de al menos 15 casos de violencia vicaria, la cual entre diversas variantes incluye también rapto parental, por lo que piden que este delito sea tipificado para así proceder de forma legal.

De acuerdo con información del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, tienen un recuento de al menos 600 casos de esta violencia en el país, de los cuales 15 están en Yucatán.

La académica Gina Villagómez Valdés explicó que estos casos registrados en el Estado son principalmente de madres a las que se les ha impedido ver a sus hijas o hijos después de una separación, bajo el uso de la violación a sus derechos humanos.

En algunos casos también se ha identificado uso de violencia física, psicológica y emocional, amenazas, además también ‘trampas’ legales por parte de los padres de las y los menores.

Red estatal 

Para ello, fue creada una red estatal que es vinculada con el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria en México, con el fin de que todos los casos puedan tener seguimiento.

Adelaida Salas Salazar agregó que estos casos sí tienen denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pero es difícil que procedan porque al menos el delito de rapto parental no está tipificado en el Código Penal y por lo tanto no tiene sanciones claras.

También, expuso que este número es muy reducido en comparación con todos los que existen en el Estado, sin embargo, son los que solamente hasta ahora han podido iniciar un proceso legal, pero en sí la realidad es mucho más extensa y esto incluye casos de mujeres que ni siquiera saben que pueden denunciar y viven los procesos a solas, sin ayuda de ningún tipo en esos momentos difíciles.

Iniciativa

Para ello, las activistas se han organizado y enviaron recientemente una iniciativa de reforma de ley al Congreso estatal, en la que se busca modificar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado.

El fin de esta iniciativa es que se adicionen dos artículos al Código Penal estatal, estableciendo la pena y las circunstancias en las que se determinará si existe violencia vicaria.

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