Mérida, Yuc.- La ola de temor y agresiones en puertos yucatecos contra migrantes de la región, orilló a un inusitado levantamiento de datos a fin de identificar a propios y extraños.

Julio Abraham Villanueva Rivero, presidente municipal de Dzilam de Bravo, ordenó un censo para detectar a los foráneos que llegan porque “la gente de fuera viene a trabajar pero entre ellos llegan los malandrines”.

“El problema está prácticamente resuelto, nada más estamos monitoreando a quienes vienen de otros lugares”, dijo el edil.
El mes pasado, pobladores de la localidad protestaron en las calles exigiendo la salida de “foráneos”, a quienes responsabilizaron de hechos delictivos.

Sobre el tema, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), José Enrique Goff Ailloud, respondió que solicitar a personas datos y documentos para determinar quiénes son originarios del lugar y quiénes no, podría ser discriminatorio, dependiendo de la finalidad que se tenga.

Mencionó a manera de ejemplo, que no sería discriminatorio si se tratara para fines estadísticos de la comunidad, pero que si se realiza para privilegiar o anteponer los intereses de un grupo sobre otro, entonces sí sería discriminatorio.

“Cuando una autoridad se involucra en este tipo de actividades podría estar faltando a sus obligaciones constitucionales de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

En el caso de ser particulares quienes lo realicen, también podrían estar cometiendo, dependiendo de la finalidad, actos de discriminación, mismos que podrían hacerse valer ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Dzilam de Bravo, según el alcalde, tiene unos 3,500 habitantes.