Una reforma al sistema de justicia en México es muy necesaria, pero no la llamada Reforma Judicial, que en ella se encuentra una propuesta para destituir a los ministros de la Suprema Corte, a todos los magistrados y jueces del país, federales y locales, manifestaron en la marcha que se realizó este domingo empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) acompañados por diversas organizaciones civiles de la entidad.

Cerca de las 10 de la mañana comenzaron a llegar al remate de Paseo de Montejo los que participarían en la marcha como medida para expresar su rechazo a la reforma del Poder Judicial que plantea el Gobierno Federal, para que media hora después partiera el contingente rumbo al Monumento a la Patria con pancartas en contra de esta medida que pretenden imponer.

El secretario del Tribunal del (PJF), Edgar Abimael Cimé Gómez, explicó que esta reforma, además de buscar la destitución de los trabajadores de este órgano independiente, propone que los cargos sean designados a través del voto popular, cambios que no fortalecerán la impartición de justicia en el territorio nacional y busca someter al Poder Judicial de la Federación a los caprichos del Presidente.

“Estamos aquí para denunciar abiertamente esas mentiras y para decirle a México que ante todo, nosotros, quienes conformamos el Poder Judicial de la Federación, estamos dispuestos a luchar con todo para defenderlo del totalitarismo, de la tiranía, del abuso del poder, porque somos los guardianes de la Constitución, la Constitución protege sus derechos y nosotros protegemos la Constitución”, indicó.

Aseguró que es importante cuestionarse más que sí es necesaria una reforma judicial, porque cualquier persona que ha atravesado por un problema civil, familiar o laboral, ha tenido que lidiar con problemas, juicios lentos, trámites sofocantes, tratos ásperos, pasar dádivas para acelerar sus juicios. Esto no es la forma de conseguir el cambio.

“Nada de eso tiene que ver con el Poder Judicial de la Federación, y sí todo con el Poder Ejecutivo Federal, con el Presidente de la República y con los gobernadores de los estados. Pero no venimos a echar culpas o a desviar la mirada del problema que enfrentamos hoy; los problemas mencionados no derivan de la falta de voluntad de los servidores públicos que conforman las fiscalías y los poderes judiciales estatales, sino de por lo menos dos razones más profundas”, expuso.

Resaltó que el abandono presupuestario no permite que tengan recursos humanos y materiales para ejercer su profesión con excelencia. Y por otro lado, la falta de una carrera judicial o de una carrera ministerial que filtre a los aspirantes a desempeñar esos cargos, para permitir el paso sólo de aquellos que se encuentren al nivel de la gran responsabilidad que se les encomienda. Una reforma pensada para resolver estos problemas, que permita avanzar en la procuración y la impartición de justicia en el país es urgente y necesaria.

“Pero mexicanos, escúchenlo, es necesaria una reforma, pero no la que hoy se propone la cual plantea destruir, sobre todo, la independencia judicial. Porque los jueces y magistrados no serían los más capacitados y los que llegaron a sus puestos por méritos propios, sino personas sin preparación que obtuvieron sus lugares por conveniencia política, por compadrazgos, por nepotismo, que se deberán indudablemente a quienes respaldaron sus candidaturas”, expuso.

Al grito de “Poder judicial no es por mí, es por todos”, precisó que el camino de la libertad no será fácil. Aún si pierden esta batalla, les queda una guerra de por medio y es la guerra por la unidad del pueblo de México.