Óscar Chan/Mérida
Ante la entrada en vigor de las leyes secundarias de la nueva reforma educativa, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el magisterio yucateco se alista para los cambios en las reglas de operación que de primera mano dejará a un grupo de maestros evaluados en el sexenio anterior en el “limbo” y que mostrará que la entrega de nuevas plazas estará a “valoración” de los sindicatos, es decir, que sin su aval no se darán las vacantes.

Después de que la propuesta de esta nueva legislación fuera aprobada en la Cámara de Diputados y posteriormente pasara a discusión al Senado de la República, los maestros que pelearon por una plaza en el sexenio anterior y que esperaban sus claves definitivas, se preparan para las intervenciones legales a la que recurrirán si la Secretaría de Educación Pública (SEP) no respeta sus derechos laborales.

Los tres puntos clave que definen el nuevo esquema educativo y la entrega de plazas durante este sexenio están definidos en las tres siguientes leyes: la General de Educación, la Reglamentaria sobre Mejora Continua de la Educación y la General del Sistema de Carrera de las Maestras y Maestros.

La primera contempla, entre otras cosas, la desaparición del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), que hasta hace algunos años se encargaba de administrar los recursos y lineamientos para la infraestructura y mantenimiento de los planteles en el país.

La segunda ley establece que el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación será un conjunto de actores, instituciones y procesos estructurados, con el objetivo de garantizar la excelencia y equidad de los servicios educativos prestados por el Estado, es decir, que entre otros asuntos, las evaluaciones continuarán, pero ya no serán punitivas, sino para mejorar el desempeño de los docentes.

Uno de los puntos en los que el magisterio yucateco ha puesto énfasis y ha manifestado preocupación es sobre la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que entre otros puntos definen los procesos para la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente.

Como hemos informado anteriormente, la nueva reforma educativa eliminó el Servicio Profesional Docente (SPD) y en su lugar instauró un proceso en el que de primera mano, este año, los aspirantes tuvieron que tomar un curso en línea y presentar una prueba para su acreditación.

Con la aprobación de estas leyes secundarias, se señala que la entrega de plazas estará definida bajo un sistema tripartita, es decir, intervendrán la Secretaría de Educación Pública (SEP), los estados y los sindicatos.

La fracción IV del artículo 39 de esta ley estable que “la Secretaría (SEP) celebrará un proceso público en el que pondrá a disposición de las autoridades educativas de las entidades federativas y las representaciones sindicales, en una mesa tripartita en cada uno de los Estados y la Ciudad de México, para su participación y garantía en el respeto de los derechos de los trabajadores, los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales referidos en la fracción V de este artículo, derivada de la convocatoria respectiva”.

A su vez, en la fracción V de dicho artículo se agregó que la admisión tomará en cuenta elementos multifactoriales como “un sistema que permita apreciar los conocimientos y aptitudes necesarios del aspirante para lograr el aprendizaje y desarrollo de los educandos, considerando el contexto local y regional de la prestación de los servicios educativos”.

En ese sentido, es preciso mencionar que Yucatán estrenó un sistema similar a principios de año, con la puesta en marcha de un comité para transparentar el proceso de otorgamiento de plazas docentes y de apoyo a la educación, el cual está integrado también por los representantes de los sindicatos y las asociaciones civiles del entorno educativo.

Otro punto a destacar en esta ley y que ha causado más interrogantes es que se apunta que el ingreso de los estudiantes a dichas instituciones formadoras de profesores “corresponderá a la demanda prevista en el proceso de planeación educativa de la autoridad competente”.

“Para tal efecto, la Secretaría, a través de su área competente, establecerá un modelo para los procesos de admisión a dichas instituciones públicas. Una vez definida la demanda futura por región, se asignarán las plazas a los egresados de las escuelas normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio, de conformidad a las estructuras ocupacionales autorizadas en términos de esta ley. En todo caso se garantizará la prestación del servicio educativo a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se encuentren en zonas de marginación, pobreza y descomposición social”, indica el artículo 35.

Sin embargo, en el artículo 14 se aclara que el Estado mantendrá la rectoría del Sistema Educativo Nacional y, en coordinación con las entidades federativas, su implementación. Es decir, que en educación básica y media superior, corresponden a la SEP las atribuciones a establecer y coordinar “el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas para la ocupación de las vacantes de personal con funciones docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y supervisión”.

Johnny de Jesús Piña Castillo, de la agrupación “Educación Básica Yucatán Nuevo Orden”, opinó que las leyes secundarias traerán bondades al magisterio yucateco, aunque habrá que esperar su implementación para, sobre la marcha, ir resolviendo lo que “vaya saliendo mal”.

Celebró que las evaluaciones punitivas de la anterior reforma educativa hayan quedado atrás y en su lugar se dé paso a exámenes que sirvan para mejorar las habilidades de enseñanza del magisterio, sin castigarlos o reprenderlos.

“Los maestros de Yucatán siempre hemos estado en capacitación constante, tomando cursos, pero ahora será para que recibamos más beneficios y crezcamos, sin que las evaluaciones sean punitivas, sino para que obtener beneficios para nosotros y los alumnos”, confió.

¿Qué se cambia con las tres leyes secundarias?

Al entrar en vigor las tres leyes secundarias de la reforma educativa, el magisterio yucateco se verá impactado por cambios a los que tendrán que acoplarse, tanto en la impartición de clases, la infraestructura educativa con la que contarán y el proceso para competir por una plaza magisterial.

Algunos puntos a destacar de estas leyes son:

Ley General de Educación

• Desaparece el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed) encargada de administrar los recursos y lineamientos para la infraestructura y mantenimiento de los planteles.
• Los recursos que antes eran destinados al Inifed, ahora se harán llegar directamente a los comités de maestros y padres de familia en las escuelas.
• El Estado priorizará el interés superior de niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación.
• Se fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo.

Ley Reglamentaria sobre Mejora Continua de la Educación

• El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación será un conjunto de actores, instituciones y procesos estructurados y coordinados, con el objetivo de garantizar la excelencia y equidad de los servicios educativos prestados por el Estado.
• Continuarán las evaluaciones, pero ya no serán punitivas, sino para la mejora de las habilidades de enseñanza de la educación de los docentes, serán formativas e integrales.
• Dichas pruebas no definirán la permanencia de maestros en sus plazas.
• Se contempla la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y la creación de un nuevo Sistema Nacional de Mejora Continua.
• Para su organización administrativa, la ley crea una Comisión Nacional y un Sistema Nacional como instancia de consulta y deliberación.

Ley General del Sistema de Carrera de Maestros

• La admisión al servicio de educación básica que imparta el Estado se realizará mediante procesos anuales de selección, a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones.
• Los sindicatos estarán incluidos para decidir la asignación de plazas, los ascensos e incluso los cambios de centros de trabajo de los empleados de la educación.
• La asignación de plazas se regirá bajo un sistema tripartita: Federación, estados y sindicatos.
• Se dará preferencia a los egresados de las escuelas normales, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio para tener una plaza de docente en el Servicio Público Educativo.
• Se elimina la evaluación diagnóstica para obtener becas de maestría o doctorado en instituciones de educación superior. Podrán solicitarlas con tener tres años de servicio.

Generan dudas en maestros

Las leyes secundarias que integran la nueva reforma educativa aún generan dudas en los maestros evaluados desde 2016 y que, dicen, han quedado en el “limbo”, pues el Gobierno Federal no consideró los efectos que causaron el derogar la legislación anterior sin preservar los derechos laborales de quienes fueron sometidos a un proceso punitivo en el sexenio pasado.

Dicha situación ha generado incertidumbre y preocupación entre el magisterio yucateco, cuyos docentes afectados han manifestado, a través de sus sindicatos laborales, que se dejan muchas interrogantes sin responder, lo que a mediano y largo plazo generará mayores conflictos en el entorno educativo y más dudas sobre el otorgamiento de plazas.

Como se sabe, el pasado 20 de septiembre el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia educativa y el 25 del mismo mes el Senado de la República dio el “visto bueno” para su aprobación y ayer entró en vigencia.

Al respecto, Javier Pacab Santana, coordinador de asuntos laborales en educación básica del Gremio Nacional de Trabajadores en Yucatán (GNTE), opinó que el magisterio tendrá que insistir y presionar para que se aclaren las dudas de los docentes a los que les violaron sus derechos.

Explicó que el problema más grave se presenta con los profesores que no son específicamente de “jornada”, sino que trabajan por hora-semana-mes, como los de secundaria y los Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP), a quienes la Secretaría de Educación Pública (SEP) no contempla sus particularidades para incrementar sus horas e ingresos.

Recordó que estos trabajadores en servicio presentaron el examen de “permanencia” para incrementar sus horas, con lo que antes se conocía como el Servicio Profesional Docente (SPD) desde 2016, pero con la derogación de la reforma educativa estas quedaron eliminadas y con ello la ampliación de sus horas de clase.

Ahora la SEP, bajo el Servicio para la Carrera de las Maestras y los Maestros, apuesta por entregar las plazas de nueva creación a quienes concursaron este año y son de nuevo ingreso, dejando a los que venían atrás y querían ampliar sus horas sin esa oportunidad.

Consideró que éste es un ejemplo de las interrogantes que han surgido con las leyes secundarias, las cuales necesitan claridad para que las autoridades estatales ejerzan la legislación como corresponde.

“La ley de educación en general no especifica los procedimientos que se llevarán a cabo y cuándo se aplicarán; se hacen bajo criterios que lesionan a varios maestros yucatecos, que a su vez se quedan sin certeza laboral, a pesar de tener todo el derecho de obtener sus claves”, lamentó.

Pacab Santana reconoció que si bien el magisterio local logró que las constantes evaluaciones punitivas fueran eliminadas, en la construcción de estas leyes secundarias se dejaron varios pendientes sin resolver, como los incentivos laborales, compensaciones y los tipos de jornada laboral e incrementos de horas.

Reiteró que ante este panorama los sindicatos magisteriales deberán presionar e insistir con la Federación para que a la brevedad posible la SEP resuelva estas modificaciones y no se falten a los derechos que por ley les corresponde a los maestros.