Mi gobierno no es tapadera, cada quien tiene que asumir su responsabilidad”. Así amagó López Obrador con exponer a los legisladores que voten en contra de la Reforma Eléctrica enviada por el Jefe del Ejecutivo Federal, a fin de modificar, principalmente, la Constitución Política.

Dicha reforma busca dar a la Comisión Federal de Electricidad el control mayoritario de la industria eléctrica, cancelando muchos contratos de producir electricidad que a raíz de varias reformas habidas desde 1992, permiten que los particulares ocupen un nicho en el mercado energético. Un ejemplo de ese nicho es el que invierte en paneles solares, celdas que a través de la exposición a la luz solar son capaces de generar energía eléctrica y, a través de contratos con CFE, integrar esta electricidad al Sistema Eléctrico Nacional. Esa es la razón por la que a quienes tienen estos dispositivos les sale más barato el recibo, pues no sólo producen lo que usan, sino que el excedente es aprovechado por la CFE.

Claro, lo producido por el sector privado es bastante menos a lo que produce el Estado a través de su Comisión, a quien por cierto ha fortalecido en aras de eximirla de responsabilidad frente al consumidor final. Antes, la CFE era un órgano netamente del Estado Mexicano, por lo que el consumidor final tenía más posibilidades de éxito en una contienda jurídica contra la Comisión, además de que veía más protegidos sus derechos como usuario. Sin embargo, a raíz de las reformas “estructurales”, CFE pasó a ser considerada una empresa, por lo que ahora casi todos sus litigios pasan por los juzgados mercantiles, lo que dificulta el acceso a la justicia y vulnera algunos derechos del usuario. Esto AMLO parece no querer revertirlo, dándole a CFE un estatus cuasimonopólico en el sector eléctrico, pero dejándole las facilidades de ser una empresa productiva del Estado, en perjuicio de los usuarios.

Si bien es cierto que, como comentábamos, la CFE produce mucho más energía que los particulares, es notorio el hecho de que lo hace en franca contravención a tratados internacionales en materia de protección al ambiente, pues casi en su totalidad la empresa del Estado depende de los combustibles fósiles, mientras que son cada vez más los particulares que invierten en procesos de generación de energía limpia.

Gran responsabilidad tienen hoy los legisladores ante una propuesta que amenaza con cancelar los contratos celebrados por particulares en materia eléctrica. A un poder del Estado, como lo es el Legislativo, que debiera ser libre e independiente, se le amenaza con la hoguera presidencial. Claro que cada legislador debe responder a los intereses de sus representados y rendir cuentas, pero el chantaje de la mañanera inquisición puede terminar por hacer realidad las aspiraciones presidenciales.

CFE ha demostrado estar lejos de la calidad mundial que presume. En lugar de fortalecerla técnica y tecnológicamente, AMLO prefiere darle preferencia comercial absoluta, manteniendo -hasta ahora- una situación desventajosa para el usuario.