La secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay), Sandra Can Uc, declaró ayer que se sumarán a la marcha nacional en contra del Gobierno Federal programada para el próximo martes 25 de octubre en la Ciudad de México, para exigir el cumplimiento del aumento salarial correspondiente al año 2022 que a la fecha no han recibido.

Can Uc descartó un paro de labores en los 72 planteles del Cobay en esta entidad para este martes y agregó que dicha medida sólo será tomada por los sindicatos de trabajadores del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep) y por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecitey), que a su vez reclaman a la Federación la basificación para docentes y la recategorización docente y administrativa.

Sandra Uc señaló que la Federación no está cumpliendo con sus aportaciones económicas para los subsistemas educativos descentralizados en Yucatán, las cuales corresponden a un paripaso del 50 por ciento, y el Gobierno del Estado aporta el otro 50 por ciento.

Al respecto dijo: “necesitamos la liberación de esos recursos federales para que también el estado pueda cubrir la política salarial que fue el incremento al salario correspondiente a 2022 y que es retroactivo a enero. Esta es la molestia de los trabajadores porque están extendiendo los periodos de pago del aumento salarial, antes los incrementos se pagaban en agosto y septiembre, pero el año pasado se pagó hasta la segunda quincena de diciembre”.

La dirigente sindical agregó que una delegación de cuatro integrantes del sindicato que encabeza viajará a la Ciudad de México este martes para participar en una marcha en contra del Gobierno Federal y que saldrá del Palacio Nacional hasta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Es importante buscar alternativas y nuevos panoramas en beneficio de la clase trabajadora que desde tiempo atrás nos hemos quedado en el rezago, y más que todo en la parte administrativa donde existe un rezago porque no hay un parámetro jurídico que permita la recategorización y un escalafón”, dijo la entrevistada.

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