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MÉRIDA, Yuc.- Hace aproximadamente una semana, una "luz de esperanza" se encendió para los socios y clientes de la plataforma de transporte Uber en Yucatán: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutía una controversia que establecieron diputados locales para invalidar parte de la Ley del Transporte del Estado, en la que se establece a Uber como "ilegal", al no estar certificada ante la Dirección de Transporte.

Hoy esta "luz de esperanza" terminó por apagarse, ya que la SCJN determinó por mayoría de votos que el Congreso del Estado de Yucatán es competente para regular el servicio prestado a través de plataformas tecnológicas al traducirse en un aspecto relativo al transporte.

Asimismo, resolvió que la modalidad de transporte de pasajeros contratada a través de plataformas tecnológicas, como lo es Uber, no resulta comparable con el marco regulatorio aplicable a otras servicios de transporte de pasajeros como el de taxis. Ello toda vez que las características en las que se prestan dichos servicios poseen aspectos que los distinguen. A partir de lo anterior, se consideró que no era posible realizar un análisis de igualdad como lo propuso la minoría parlamentaria del Estado de Yucatán.

Recuento

En mayo del 2016, el Congreso del Estado inició el proceso para la regulación de transporte vía "apps", con una iniciativa para modificar la Ley de Transporte Estatal. Producto de lo anterior, este tipo de plataformas como Cabify o Big Driver comenzaron su registró ante la DTEY acatando requisitos como:

• Que los vehículos para prestar el servicio cuesten más de 200 mil pesos
• Que la antigüedad no sea mayor a siete años
• Que cuenten con máximo de siete plazas
• Que quien opere sea dueño del vehículo, entre otros

Los requisitos anteriores continúan siendo válidos según la resolución de la SCJN, por lo que se entiende que Uber continúa operando de manera informal ante el Gobierno del Estado.