Aunque la región peninsular depende casi en su totalidad del agua subterránea, el rezago en infraestructura para el tratamiento de aguas residuales representa una amenaza creciente para el ambiente, la salud y el desarrollo económico, señalan especialistas en hidrología.

En la Península de Yucatán, el abastecimiento de agua proviene casi exclusivamente de los acuíferos subterráneos, una particularidad que convierte a esta región en una de las más vulnerables del país en materia de gestión del recurso hídrico. En 2022, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se registraron más de mil 500 obras de toma en los Yucatán, Campeche y Quintana Roo, sustentadas en pozos conectados a una vasta red de cenotes y cavernas.

Pese a contar con agua en abundancia, la gran deuda es el tratamiento de aguas residuales. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ese mismo año Yucatán operaba apenas 26 plantas de tratamiento, Campeche 18 y Quintana Roo 24, insuficientes ante el crecimiento poblacional, turístico y agrícola que vive la región.

A diferencia de otras zonas del país, donde hay ríos superficiales que pueden diluir o evacuar contaminantes, la península carece de estos cuerpos de agua. Toda descarga va directamente al subsuelo, poniendo en riesgo la calidad del agua que abastece a millones de personas y actividades económicas. Esta realidad hace urgente atender el rezago en el saneamiento.

Los datos del Inegi dados a conocer con motivo del Día Mundial del Agua (22 de marzo) muestran que la cobertura del tratamiento de aguas residuales en la región es limitada. A nivel nacional, en 2022 había tres mil 440 plantas, de las cuales dos mil 258 estaban activas. Pero los estados peninsulares no figuran entre los primeros lugares en este rubro, lo que refleja una falta de inversión y de políticas públicas eficaces en la materia.

En 2023, más de 24 mil millones de metros cúbicos de aguas residuales fueron vertidas al ambiente sin tratamiento en todo el país, muchas de ellas en regiones como la península, donde los cenotes y ríos subterráneos actúan como esponjas que absorben directamente los contaminantes.

Este descuido tiene un alto costo. Solo el agotamiento del agua subterránea representó un daño económico superior a los 35 mil millones de pesos, mientras que la contaminación por aguas no tratadas sumó otros 66 mil millones. El impacto combinado equivale al 0.32% del PIB nacional, y afecta gravemente sectores clave para la región como el turismo, la salud pública y la agricultura.

Otra debilidad es la eficiencia en el uso del agua. En el campo, donde la agricultura demanda grandes volúmenes del líquido, el riego por gravedad sigue siendo el método predominante, a pesar de su ineficiencia.

La modernización del riego y la tecnificación del campo son indispensables, pero no reemplazan la necesidad de una red robusta de saneamiento. Los especialistas señalan que para la península, la urgencia tratar aguas residuales es crítica. No se trata solo de infraestructura, sino de garantizar la viabilidad de un modelo económico basado en el turismo sostenible, la agricultura exportadora y el bienestar de las comunidades.