El caso de Valentina Rosendo Cantú (e Inés Fernández) se convirtió en una referencia porque generó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en contra del Estado Mexicano, que tuvo repercusiones amplias con respecto al deber de las instituciones nacionales de proteger a las víctimas en diversos derechos.

Llegar hasta esta sentencia llevó ocho años a ambas mujeres y a las organizaciones civiles que las acompañaron, porque sus denuncias no solo no prosperaron en México, sino porque habrían implicado amenazas que aparentemente inhibieron acciones de otras mujeres igualmente violadas y torturadas por elementos del Ejército destacados en acciones de seguridad durante el gobierno de Vicente Fox.

En aquella sentencia, la Corte Interamericana resolvió que México era responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada de las víctimas relacionados con tortura, violencia sexual, derechos a las garantías judiciales, protección judicial, no discriminación y por la violación de los derechos del niño, ya que Valentina, cuando ocurrieron los hechos en 2002, era menor de edad. El caso fue archivado por las autoridades de justicia militar.

Las víctimas y sus acompañantes se ocuparon también de promover el cumplimiento de la sentencia de la Coidh y  solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evaluar las medidas que deberían seguirse para cumplirla, ya que la sentencia determinó, entre otras cosas, que ambas deberían recibir una disculpa, ser reparadas en los daños y un proceso judicial que acreditara sus dichos y procediera a procesar y sentenciar a los culpables, ambos militares, en un juicio civil.

Apenas el lunes pasado, después de más de 16 años de ocurrida la violación y tortura de ambas mujeres, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C., dio a conocer que un juzgado de primera instancia emitió fallo de culpabilidad y sentencia de 19 años para dos militares por los delitos de tortura y violación sexual de Valentina. También informó que hasta el momento uno de los sentenciados habría recurrido dicha decisión judicial. Es decir, la batalla legal probablemente aún tendrá otro capítulo.