Por Ronald Rojas 

MÉRIDA.- Un total de 39 funcionarios acumulan 96 amonestaciones por negarse a entregar información requerida por los ciudadanos por dudas de su gestión y el destino de recursos públicos, según reporta el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip-Yucatán).

Estos funcionarios laboran en 22 municipios de Yucatán y siguen vigentes en sus puestos. Todo indica que continuarán hasta el 31 de agosto de este año. En la lista negra aparecen alcaldes, secretarios municipales, tesoreros y directores de las unidades de transparencia, entre otros. 

Por ejemplo, el tesorero de Kanasín, Jorge Armando Quijano Roca, acumula doce amonestaciones, mientras que Marcelino Chan Dzib, quien funge como secretario municipal, aparece en esta lista negra en cuatro ocasiones, y la encargada de transparencia en la administración 2018-202, Laura Rosana Briceño Medina, tiene ocho expedientes en el portal del Inaip. Mientras tanto, el tesorero de Izamal, Didier Sánchez Rodríguez, tiene cuatro amonestaciones, lo mismo que el jefe de la Unidad de Transparencia de ese Ayuntamiento, Rusell Ariel Puerto Patrón.

El “pódium de la oscuridad” es completado por Ucú, con nueve amonestaciones públicas. En este municipio, también colindante con Mérida, el único nombre que aparece es el de Greyffi Adriana Koyoc Pino, quien es la responsable de transparencia en el Ayuntamiento dirigido por el alcalde Gaspar Pinto Ojeda.

“Nosotros hacemos un análisis de la queja del ciudadano y ahí determinamos quién sería el sujeto obligado de la administración pública que debería responder o aclarar la acción que se hizo con dinero público. Por eso se puede ver a diferentes personas de una misma administración con diversas amonestaciones”, precisó el comisionado del Inaip en Yucatán, Carlos Pavón Durán, en relación con la repetición de varios nombres o de entes públicos en la lista de amonestados. Señaló que las amonestaciones se producen luego que una autoridad en específico no aclara una interrogante en cuanto a su gestión o el destino de un recurso público.

“Los ciudadanos escriben sus requerimientos en el portal de transparencia y nosotros establecemos contacto con la institución o la persona para que dé una respuesta en un plazo de diez días”, comentó el comisionado del Inaip.

“En caso de que no responda se procede a una amonestación pública o con una multa, de acuerdo con el tema. Por ejemplo, si es el monto de una obra, la sanción puede tener relación con el monto de la misma”, remató. La lista de amonestados públicos por municipios continúa de la siguiente manera: Acanceh, con siete; San Felipe, con seis; Río Lagartos y Hunucmá, con cinco; Ticul y Progreso, con cuatro; Dzitás, Tixkokob, Sanahcat y Panabá, con dos; mientras que los ayuntamientos de Chikinzonot, Calotmul, Cenotillo, Yobaín, Conkal, Muna, Cuncunul, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Buctzotz y Tixpehual, con uno. Sin contratos en la plataforma.

Sin contrato en la plataforma 

De los 22 municipios amonestados públicamente, solo Progreso, dirigido por el alcalde Julián Zacarías Curi, ha subido sus contratos para obras  públicas al portal de transparencia.

Ninguno de los otros 21 ayuntamientos ha contribuido con el acceso a la información hacia los ciudadanos.

“Lamentablemente hay muchos municipios de Yucatán que prácticamente su aporte a transparencia es cero, como el caso de Kanasín, mientras que otros, como Mérida, tienen un cumplimiento de un 99.97 por ciento, por lo que se considera que ha cumplido en un cien por ciento”, apuntó.

LISTA DE FUNCIONARIOS MENOS TRANSPARENTES DE YUCATÁN 

Ciudadanos ponen la mira en el costo de obras

El Gobierno del Estado, la Universidad Autónoma de Yucatán, los 106 ayuntamientos, fideicomisos, direcciones de servicios y cualquier otra institución que maneje recursos públicos debe cumplir con el acceso a la información y subir al portal de transparencia todo lo relacionado con sus acciones y el presupuesto que maneja.

A ellos se les llaman “sujetos obligados” y en total son 233 en la entidad. De acuerdo con Aldrin Briceño Conrado, comisionado del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales (Inaip) en Yucatán, cada uno de los “sujetos obligados” tiene la obligación de atender las inquietudes de los ciudadanos y colocar cada una de sus transacciones o movimientos en el portal de transparencia.

“Ellos (los ciudadanos) lo pueden solicitar en el sitio de transparencia de cada dependencia y cuentan con 10 días para que le respondan. En el caso de que la persona no esté contenta con la respuesta que le dieron, entonces podemos entrar los comisionados del Inaip y hacer una petición formal en la que el ‘sujeto obligado’ tendrá otros 15 días para dar los datos del requerimiento”, dijo.

Briceño Conrado y el también comisionado del Inaip Carlos Pavón Durán detallaron las principales solicitudes de los ciudadanos.

“Al principio, las personas solo querían saber los salarios de los funcionarios y los viáticos que cobraban, pero últimamente también están interesados en el costo de las obras públicas”, explicó Pavón Durán.

La mayoría de los requerimientos están enfocados en la autoridad más cercana a la colonia. “Casi el cien por ciento de las preguntas están dirigidas a los ayuntamientos”, remató Briceño Conrado.

Lamentablemente, a través de la plataforma de transparencia nacional, no se puede apreciar cuáles son los rubros en los que más invierten los alcaldes yucatecos, debido a que la mayoría de ellos no cumple con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.