Sonia de Anda/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- En lo que va de la actual administración estatal han sido inhabilitados cerca de 15 servidores públicos por diversas causas, aunque en lo que va de este año no han procedido las quejas que se han levantado, informó el secretario de Contraloría del Gobierno del Estado, Miguel Antonio Fernández Vargas. 

Indicó que en los tres años de esta administración, la dependencia ha registrado quejas contra servidores públicos, aunque en lo que va de este 2015 no han iniciado ningún procedimiento formal, a pesar de que se han intentado promover acusaciones contra algunos burócratas que no han procedido porque no han logrado acreditar con pruebas que han tenido un comportamiento irregular.

“Hemos hecho los estudios, las investigaciones y las quejas no han procedido y para que pueda levantar algo contra alguien tengo que contar con un expediente bien conformado que me demuestre papel a papel, fotografía a fotografía que efectivamente se violaron las leyes o se afectaron los intereses de algún ciudadano, cosa que en realidad no ha sucedido”, aseveró.

Agregó que los ciudadanos pueden presentar quejas contra servidores públicos en la Oficialía de Partes de la Secretaría de Contraloría, además de que existe un Instituto de Combate a la Corrupción y la Dirección de Quejas y Normatividad.

Indicó que en este año no han registrado quejas contra algún servidor público, aunque en la actualidad la Contraloría trabaja en la revisión de los casos de incumplimiento en la presentación de declaraciones patrimoniales, pues hay algunos que son reincidentes y por ello podrían ameritar mayores sanciones que incluso los podrían llevar a la inhabilitación de sus funciones.

Destacó que a pesar de lo anterior, este año se registró un repunte en la presentación de esta obligación, pues atendieron el llamado en tiempo y forma cerca del 95 por ciento de los burócratas de los tres poderes y de organismos descentralizados, por lo que con ello consideró que los servidores públicos yucatecos se encuentran en un buen nivel de cumplimiento de sus responsabilidades

Mencionó que cuando inició la actual administración estatal había una respuesta del 75 por ciento en el cumplimiento de la declaración patrimonial, mientras que el segundo año fue del 80 por ciento y el tercero rondó por arriba del 90 por ciento, lo cual se ha logrado modificar con la aplicación de sanciones que marca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que van desde los apercibimientos, amonestaciones públicas y privadas, hasta inhabilitaciones.