Luis Fuente/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- El tribunal segundo de juicio oral dio su veredicto contra los acusados del crimen del psiquiatra Felipe Triay Peniche: el colegiado encontró culpable a Pablo Santos García Gutiérrez y declaró inocente a Enrique Lara González.

Consideró que se comprobó fehacientemente la responsabilidad García Gutiérrez porque no sólo fue la última persona con vio con vida a la víctima, sino que utilizó, luego de su muerte, el vehículo de Triay Peniche; además, de la vivienda donde el acusado habitaba fueron sacados los restos de la víctima. 

El asesinato de Felipe de Jesús Triay Peniche ocurrió en agosto de 2014, en un domicilio de la García Ginerés, en Mérida.

Los jueces también concluyeron que, en el caso de Lara González, que no hubo prueba fehaciente de su participación en el crimen del psiquiatra y, por tanto, lo absolvió de toda responsabilidad.

El juicio oral se celebró durante 69 días (aproximadamente 320 horas) en el que se desahogaron más de 130 testimoniales en las que las partes procesales fueron incorporando pruebas materiales y documentales para robustecer lo dicho por los testigos, peritos o testigos expertos que hablaron ante el Tribunal Segundo.

El boletín oficial del caso señala: "El Tribunal Segundo de Juicio Oral determinó, por unanimidad de votos, fallo en sentido condenatorio para una persona y también por unanimidad de votos, fallo absolutorio para otra, por el homicidio de un psiquiatra.

"En una de las salas del Centro de Justicia Oral de Mérida la jueza María del Socorro Tamayo Aranda, quien funge como relatora para este caso, dio lectura al acta resultado de la deliberación.

"El tribunal determinó, como consecuencia de la valoración jurídica de la prueba rendida por la fiscalía estatal, que dicha prueba superó los límites necesarios para tener por demostrado el delito de homicidio calificado.

"En cuanto a la responsabilidad de uno de los acusados, se determinó que la prueba rendida por los fiscales superó los límites necesarios para tener por acreditada aquella, más allá de toda duda razonable, ya que dicha responsabilidad se comprobó en juicio mediante testimonios, pruebas preconstituidas así como pruebas científicas".

La autoridad adoptó distinto criterio con relación al segundo de los acusados, a quien se le atribuyó la coautoría, toda vez que en el ánimo del Tribunal existió la duda razonable de su participación en los hechos. Ante esta duda, no existió la convicción judicial de la participación del acusado en cita, por lo se decretó su absolución e inmediata libertad.

¿Qué dijo la Fiscalía?

Por su parte, la parte acusadora informó que "con relación a E.L.G., acusado de ser coparticipe en el hecho, la FGE realizó igualmente las investigaciones y dio puntual seguimiento a los procedimientos que marca la ley para determinar su probable participación en los hechos delictuosos.

Después de la audiencia de este día, el Tribunal de Oralidad decreto la absolución de E.L.G., misma resolución que la Fiscalía General del Estado impugnará mediante el recurso legal correspondiente para revertir dicho fallo.

Como hemos publicado, cuando ocurrieron los hechos, el 15 de agosto de 2014, Lara González era presidente del Colegio de Psiquiatría de Yucatán, del cual eran integrantes García Gutiérrez y la víctima Triay Peniche, quien recibió 22 puñaladas en un predio de la colonia García Ginerés, rentado por uno de los implicados.

El cuerpo de la víctima fue desmembrado con una sierra eléctrica e introducido en dos cajas de cartón que dejaron dentro de una camioneta propiedad del occiso, la cual se abandonó en el estacionamiento de un supermercado, en Ciudad Caucel.

Sin embargo, cámaras de vigilancia delataron los movimientos de los vehículos de la víctima y de los presuntos homicidas y se logró su captura de éstos, días después.

El 27 de agosto de 2014, Enrique Lara González y Pablo Santos García Gutierrez, los dos implicados en el asesinato del doctor Felipe de Jesús Triay Peniche, fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado por el Juzgado Segundo de Control, quienes se encontraban en prisión preventiva.

La jueza presidenta, Verónica de Jesús Burgos Pérez, citó para el día 31 de agosto de este año, a las 09:00 horas, para celebrar la audiencia de determinación de la pena y reparación del daño, en la que se debatirá sobre estos aspectos.