MÉRIDA, Yucatán.- Contraviniendo la política de austeridad que prevalece en Yucatán en el contexto de la afectación económica por la pandemia del coronavirus Covid-19, el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, pretende establecer un nuevo impuesto para 2021 que tendrá impacto en el movimiento de carga hacia el puerto de altura: cobro al tránsito de camiones de más de 10 toneladas, cuya tarifa pide que sea erogada por hora.

En noviembre pasado, esta propuesta fue rechazada por la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso del Estado, pero ahora Zacarías Curi la incluyó de nueva cuenta en su iniciativa de Ley de ingresos y la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda 2021, enviadas al Poder Legislativo, en las que crea un nuevo impuesto para el puerto, denominado “vigilancia, carga y descarga”, que deberán pagar las unidades transporte de más de 10 toneladas, cuya tarifa está tasada en 50 pesos por hora.

Ayer, la secretaria de la Comisión de Presupuesto del Congreso local, Lila Rosa Frías Castillo, diputada por el PRI, se declaró en contra de la creación del nuevo impuesto y manifestó que “ni siquiera el Gobierno del Estado está creando nuevos gravámenes o derechos para 2021 para no afectar la economía de los ciudadanos de Yucatán”.

Agregó que la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda de Progreso 2021, que actualmente se discute en el Congreso local, está incurriendo en la opacidad porque no establece quiénes van a pagar el impuesto y hacia dónde se destinarán los recursos; tampoco quién supervisará su aplicación derivada del cobro al tránsito al transporte de carga en Progreso.

Propuesta presentada desde el mes de octubre

“Desde finales de octubre pasado el alcalde Julián Zacarías metió esta iniciativa con poca claridad para hacer un cobro por concepto de ‘vigilancia, carga y descarga’, en el primer cuadro de la ciudad de Progreso", indicó.

"La Comisión de Presupuesto del Congreso local rechazó el planteamiento en primer lugar porque no había claridad de qué es lo que realmente estaban queriendo cobrar y esto pudiera afectar no solo al sector transporte, sino al comercio, al transporte de pasajeros, a todo lo que moviliza en el centro de Progreso”, dijo la diputada local.

En este contexto, Lila Frías agregó que a diario circulan en Progreso al menos 300 camiones de carga de más de 10 toneladas los cuales tienen diversos horarios y tiempo para permanecer en la zona urbana de dicha localidad, a los que el ayuntamiento pretende cobrar 50 pesos por unidad por hora.

“Si suben 300 camiones al día hacia al Puerto de Altura de Progreso y están más de una hora porque tienen que esperar el tiempo de carga y descarga, entonces es alto el pago que tendrían que hacer los transportistas, y lo más importante es hacia dónde se invertirá ese recurso, quién lo manejará, quien definirá donde se invertirá, quién lo supervisará; hoy la gente de Progreso se queja de que maquillaron algunas calles y vinieron las lluvias y se deslavaron y se llevaron el material”.

En este sentido, la secretaria de la Comisión de Presupuesto remarcó que “desde que metieron la iniciativa a finales de octubre me opuse categóricamente, he estado en contacto con empresarios locales del sector transporte, y es una afectación directa a su economía", afirmó.

"Hay un entendimiento por parte del sector de transporte desde una servidora de que hoy se requiere fortalecer la infraestructura del municipio de Progreso, pero ahora no es el momento, y por otro lado la realidad es que hay una desconfianza de hacia dónde se va dirigir ese recurso, en la modificación a la ley de hacienda no establece que este recurso será designado a las calles de Progreso ni tampoco establece quiénes van a definir hacia donde serán invertidos los recursos, no es algo que esté definido y existe hoy la desconfianza del sector transportistas, hay mucha incertidumbre, desconfianza por parte de la sociedad, que realmente este recurso sea para las calles”.