MÉRIDA, Yucatán.- La educación vial es tan importante como las matemáticas o el español, ya que se utiliza en cualquier momento de la vida, desde que se sale de casa, transeúntes, ciclistas, niños y ancianos son los más vulnerables en la vía pública, y los accidentes vehiculares conforman la causa principal de mortalidad en el país, tanto en conductores como en peatones.

El Índice de Movilidad Urbana del Instituto Mexicano para la Competitividad refiere que en el país las ciudades están más diseñadas para los automóviles que para las personas, lo que deriva en caminos cada vez más largos para un parque vehicular mayor.

Ante esta problemática, por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el pasado miércoles 14 de octubre, con 351 votos, la reforma, que ha sido enviada a las legislaturas locales para su aprobación, que ordena el derecho constitucional de las personas a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Ante esto, los diputados de la LXII del Congreso del Estado de Yucatán, en la sesión ordinaria del pasado miércoles 4 del presente mes, turnaron a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la minuta enviadas por la Cámara de Diputados, para reformar la Constitución Política de México, una en materia de Movilidad y Seguridad Vial.

Esta medida amplía la facultad de los estados y municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación y programas de desarrollo urbano, a fin de atender los planes en materia de movilidad y seguridad vial.

Además, es un paso para mejorar la vida de las personas que enfrentan problemas en el transporte público e incertidumbre al caminar, andar en bicicleta o al transitar por carreteras. Es una oportunidad de colocar al ciudadano al centro de la actividad legislativa.

Este dictamen faculta al Congreso de la Unión a expedir la ley general de movilidad y seguridad vial, para que armonice lo correspondiente en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Los diputados federales comentan que el presupuesto público en movilidad discrimina a los más vulnerables: el 70 por ciento se destina a la población que tiene acceso a un vehículo particular como medio de transporte y no a la mayoría de los habitantes que no tienen automóvil.

Expusieron que este cambio permitirá a los ciudadanos ejercer con plenitud sus derechos, garantizar la movilidad segura de las personas es una forma concreta y efectiva de combatir la desigualdad, promover el bienestar colectivo, reducir la contaminación y los efectos negativos en la salud de la movilidad centrada en los vehículos motorizados.