MÉRIDA, Yucatán.- El miércoles 30 de enero de 2019 el Congreso del Estado aprobó los nuevos límites territoriales de Mérida con Kanasín, y de Mérida con Umán, con lo que desapareció la denominada “zona de traslape”.

Estos acuerdos fueron publicados por el Diario Oficial del Gobierno del Estado el sábado 9 de febrero a través del Decreto 40/2019 por el que se aprueba en sus términos el convenio para la solución de conflictos de límites territoriales intermunicipales celebrado por los ayuntamientos de Mérida y Umán; y el Decreto 41/2019 por el que se aprueba en sus términos el convenio para la solución de conflictos de límites territoriales intermunicipales celebrado por los ayuntamientos de Mérida y Kanasín; que marcaron su entrada en vigor.

Durante la sesión de aprobación del Poder Legislativo, en enero de 2019, se dio a conocer que con dichos convenios para la solución de conflictos de límites territoriales se brinda certeza jurídica a alrededor de 10 mil familias que habitan en dicha zona.

“Con este hecho desaparecen las llamadas ‘zonas de traslape’, y los habitantes de cada municipio tendrán la claridad respecto a qué autoridad se deberán dirigir para contar con los servicios que requieran y los ayuntamientos tendrán la responsabilidad de brindarlos a sus gobernados. Estamos participando en un hecho histórico porque en este momento ya tendrán límites los municipios de Umán, Mérida y Kanasín, aunque aún quedan muchos en indefinición, como en la costa yucateca y esta legislatura deberá avocarse a estos temas informó el Congreso local durante la aprobación”.

Asimismo, recordó que los municipios pueden delimitar su territorio en dos formas: por convenio como son los casos de Mérida, Umán y Kanasín, o por lo contencioso cuando no existe un acuerdo entre las partes.

“Este es un hecho histórico por el trabajo que los municipios realizaron para llegar a un acuerdo, como diputados trabajaremos para vigilar que los servicios que brinde cada ayuntamiento sean de calidad. El problema de limítrofe tenía casi 50 años, por lo que estos acuerdos benefician a 10 mil familias y se les da certeza jurídica, derechos y la responsabilidad a los ayuntamientos a brindar los servicios necesarios y requeridos por sus habitantes”, informó entonces el Congreso local.