En abril de 2017 fue aprobada por el Congreso la Unión la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE), cuyo objetivo es impulsar el crecimiento y llevar el desarrollo a las entidades federativas con mayor pobreza. Una de esas zonas le correspondió a Yucatán y se ubicó en el municipio de Progreso. Hay que reconocer que nos encontramos al final de un ciclo histórico, evidenciado cada vez más por los movimientos posdesarrollistas.

Desde este enfoque, las ZEE son una decisión que apunta en dirección contraria a las demandas de los crecientes movimientos sociales contra la implementación de grandes proyectos y de defensa del territorio. Podríamos mencionar muchos casos en donde la conceptualización de alternativas al desarrollo económico, ambiental y social se configuran en un posdesarrollo; es decir, una concienciación de que la realidad puede definirse en términos distintos a los del desarrollo y que, por consiguiente, las personas y los grupos sociales pueden actuar sobre la base de diferentes enfoques económicos ligados a lo ambiental sin descuidar lo social.

Un caso que podemos citar es el insurrección zapatista en Chiapas, que lleva más de 20 años tratando de demostrar la funcionalidad de un esquema social basado en lo ambiental para desarrollar una economía, a pesar de las incursiones políticas y el discurso del desarrollo promovido por las Naciones Unidas y el Banco Mundial, que pugnan por un crecimiento sostenido, sin una justificación rigurosa de la capacidad del sistema económico, las condiciones ecológicas y sociales (de sustentabilidad, equidad, justicia y democracia) que no han logrado desarrollarse de manera transversal.

Se define a las ZEE como áreas geográficas delimitadas, sujetas a un régimen especial para realizar, entre otras, actividades de manufactura, agroindustria, procesamiento, transformación y almacenamiento de materias primas e insumos, así como la prestación de servicios de soporte. La ley propone una evaluación estratégica del impacto social y ambiental para garantizar los derechos humanos de los pueblos de influencia, que se integraría en el estudio de prefactibilidad de la zona que deberá ser aprobado por una comisión intersecretarial. Las zonas incluyen una fuerte inversión en infraestructura, un entorno aduanero especial con acceso a insumos libres de impuestos y aranceles, y una serie de incentivos fiscales (reducción y exoneración de impuestos corporativos) y un entorno administrativo favorable. Esperemos que estas consideraciones se cumplan en la ZEE  de Progreso, pues su entorno ambiental es muy rico en flora y fauna y sería una lástima perder este entorno por dar privilegios (a unos cuantos) de manera económica y poner en riesgo la sustentabilidad ambiental.