Abogados de la Riviera Maya respaldan paro en el Poder Judicial
A pesar del paro de labores en los juzgados federales, los órganos del Poder Judicial de Q. Roo continúan funcionando con normalidad.
Pese a retrasos en diversos juicios de jurisdicción federal, la Barra de Abogados de la Riviera Maya respalda el paro de labores que han iniciado trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Leopoldo Cruz Navarro, presidente del cuerpo colegiado, sostuvo que la manifestación que mantienen los miembros de los diversos juzgados federales en Quintana Roo es legítima para frenar una reforma que trastoca los derechos no sólo de ellos, sino de la población en general.
“Es en apoyo al personal del Poder Judicial de la Federación porque se están vulnerando no sólo sus derechos humanos, sino sus derechos laborales”, expuso Cruz Navarro.
Para el entrevistado, existe desinformación respecto a la competencia que tienen los juzgados federales para resolver juicios, porque se piensa que son estos los que dirimen casos de delitos de alto impacto.
“Lo que advertimos es que la mayoría de los mexicanos no están bien informados (...) En mi experiencia no es el problema los poderes judiciales ni el federal ni el estatal, el problema es la falta de recursos que tienen las policías y las fiscalías”, agregó Cruz Navarro.
A pesar del paro de labores en los juzgados federales, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de Quintana Roo continúan funcionando con normalidad. Estos son los que resuelven, por ejemplo, los delitos de alto impacto que afectan a la entidad como homicidios, robos y violaciones.
“La justicia cotidiana, así lo han denominado, no es el que da el Poder Judicial de la Federación, ellos resuelven controversias constitucionales, sobre juicios de amparo. La justicia cotidiana es la que se da en todos los poderes judiciales de los estados: si eres víctima de un robo, de un fraude”.
Desde este martes, los efectos del paro laboral se dejaron ver en los estrados federales, donde unos cuantos acuerdos judiciales se emitieron, principalmente de carácter penal, dejando atrás casos como los amparos contra la denominada “Ley Chaleco”, otros de índole ambiental y de diversos actos violatorios de derechos humanos.