Alejandro Castro/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Quintana Roo concentra una cuarta parte de las quejas a nivel nacional relacionadas con las dificultades para acceder a las playas, principalmente por la prohibición de hoteleros o las pésimas condiciones en las que se encuentran las pocas ventanas al mar.

El cobro de una cuota de 100 pesos para llegar a la playa de Akumal, la falta de accesos públicos en la zona hotelera de Tulum y la reducción y mal estado en Cancún, son algunas de las 94 quejas planteadas por quintanarroenses dentro una consulta de la Secretaría de Turismo federal.

El mapeo de las condiciones de los accesos públicos a las playas registra actualmente 371 quejas de 15 estados que tienen Zona Federal Marítimo Terrestre, de los cuales, la mayoría correspondieron a Quintana Roo.

“Cada vez somos menos los que podemos apreciar el mar, porque las construcciones obstruyen la visión y el acceso como tal, no hay espacio para los mexicanos. En ocasiones los hoteleros no te permiten siquiera caminar por la playa, alegando que es de su propiedad”, refiere uno de los comentarios emitidos.

En Xpu Há, por ejemplo, señalan que se cobra la entrada en 50 o 100 pesos,  dependiendo de cuál de los tres accesos se utilice.

En Cancún, otras de las problemáticas que manifestaron los usuarios es el cobro de los franeleros por estacionarse en las áreas aledañas a las playas públicas, además de la basura y la poca accesibilidad a algunas áreas como Punta Cancún.

En la consulta también señalaron la necesidad de que se difundan los derechos de uso de las playas así como la ilegalidad que implica no permitir el paso por las frentes de hoteles.

El pasado 30 de abril  la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Ley General de Bienes Nacionales, para garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de los arenales de las costas de todo México.

El artículo 8 señala: “el acceso a las playas marítimas y la Zona Federal Marítimo Terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionados.

Además, impone una multa de tres mil a 12 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización  (UMA) a propietarios de terrenos colindantes o titulares de concesiones que, por cualquier medio o acto, impidan, restrinjan o condicionen el acceso a playas.