Claudia Olavarría/SIPSE
CANCÚN, Quintana Roo.- Ex colaboradores de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) acudirán a Derechos Humanos para interponer una queja por el incumplimiento del Gobierno Estatal porque en el convenio con la Junta de Conciliación y Arbitraje la fecha de pago era el pasado 1 de octubre, pero les indicaron que los cheques saldrán hasta dentro de tres meses.

Manuel Antonio Robles Oropeza, Homero Hidalgo Vladimir, y Carlos Enrique del Valle Vega son tres ex colaboradores de la Sintra que fueron cesados hace dos años, situación por la que argumentaron un despido injustificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en Cancún y llegaron a un acuerdo de pago el pasado 30 de agosto.

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En el convenio, el gobierno estatal debe pagar 12 días por año de sueldo, que en su caso fueron 16 años de servicio a Robles Oropeza; en el caso de Hidalgo Vladimir la demanda está detenida, mientras que con del Valle Vega, por 19 años de servicio la autoridad debe pagarle 20 mil pesos por año.

Robles Oropeza indicó que decidió hablar ante los medios de comunicación por la falta de pago por parte del Gobierno Estatal, quien incumplió un convenio, aunado a que recientemente recibió un citatorio con fecha 11 de septiembre del presente año de la Secretaría de la Contraloría del Estado para que presente la declaración patrimonial y de ingresos, de lo contrario quedaría cesado del cargo, sin embargo, él fue despedido hace dos años, pero aún está activo en el sistema, al igual que otras tres personas.

El entrevistado ofreció una conferencia de prensa junto con dos de sus ex compañeros, donde indicaron que están conformando un frente para acudir a Derechos Humanos a interponer una queja por lo que están viviendo, toda vez que en estos dos años ante la falta de un ingreso fijo sus créditos inmobiliarios presentan morosidad.

 Al inicio de la administración, Novedades Quintana Roo publicó el despido de personal de la Sintra por presuntos actos de corrupción, señalamiento que los ex colaboradores niegan y comprueban que no hubo tal comportamiento, porque de otra forma no habrían podido ganar las demandas laborales.

Fue solicitada la postura de Manuel Alamilla Ceballos, Oficial Mayor de Gobierno del Estado, pero no hubo respuesta.