Luego de dos décadas de conflictos, las personas que compro tierras ejidales en Bacalar por fin podrán regularizar y privatizar sus predios, incluyendo aquellos que se encuentran en la zona costera de la laguna.

Así lo dio a conocer el titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepro), Alberto Alonso Ovando, quien explicó que son 354 hectáreas que fueron otorgada a la Federación al Estado, pero que el ejido las reclamó como parte de su feudo.

De esta manera van a poder concluir con el proceso que ha paralizado la construcción de varios desarrollos turísticos y de vivienda en la zona.

El funcionario estatal acotó que desde el 2004 varias personas estuvieron vendiendo hasta cinco veces el mismo terreno, aún sin poseer los derechos ejidales sobre dichas tierras, cometiendo fraude en contra de cientos de víctimas que confiaron en ellos para invertir en un patrimonio.

“Falsificaron documentos e iniciaron una serie de litigios para comprobar quiénes eran los verdaderos posesionarios de los derechos ejidales. Varias construcciones y desarrollos se detuvieron o cancelaron mientras se esperaba una resolución, porque además el Ejido Bacalar reclamaba parte de esas tierras de regreso”, declaró Alberto Alonso.

Para garantizar un crecimiento ordenado del municipio, la Agepro asistió en la resolución de estos procesos para brindar mayor certeza jurídica. Fue así como lograron la regularización de los predios a través de un acuerdo en el que participará de manera activa el Colegio de Valuadores del Estado.

De esta manera quienes hayan adquirido un terreno con una resolución favorable de los juzgados, pagarán un 50% al Estado y otro 50% al ejido.

El titular de Agepro acotó que en al menos 33 de esas 354 hectáreas se encuentran asentamientos irregulares que fueron invadidos desde 2016.

Para estos casos aclaró que las personas que adquirieron tierras de buena fe, pero con títulos falsos también podrán legalizar su situación. Pero aquellos que hayan llegado recientemente, serán excluidos.

Se proyecta la conversión de otras cinco mil hectáreas de tierras de uso común del ejido Bacalar a dominio pleno, lo que impulsará el desarrollo urbano bajo un marco legal claro y seguro.