Desenterrando la promesa de revocar la concesión a Aguakan –la empresa distribuidora de agua potable en el municipio de Solidaridad–, su alcaldesa Cristina Torres Gómez espera ganar popularidad para estar en condiciones de buscar la reelección en un municipio que será uno de los más competidos en el proceso electoral de 2018.

Solidaridad –cuya cabecera es Playa del Carmen– es uno de los platillos más apetitosos para partidos y políticos, y Doña Cristina Torres no tiene la menor intención de desalojar palacio municipal, después de saborear el poder por un año y dos meses; por ello prepara su campaña hacia la reelección, intentando seducir a los electores.

Pero la alcaldesa tiene entre sus asuntos incumplidos el espinoso tema de la revocación de la concesión a Aguakan, una de las exigencias más recurrente de los playenses y que usó como bandera de campaña en 2016.

Consciente de que esta promesa escondida en el archivo de pendientes puede representar un pasivo importante para sus aspiraciones, la presidenta municipal ha resucitado la demanda, asegurando que en enero se interpondrán las denuncias por incumplimiento de servicio para revocar la concesión a la polémica empresa.

Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo, ya que la propia Cristina Torres y los diputados del “Cambio” que también lograron entrar al Congreso colgados de la promesa de revocación a Aguakan ya comprobaron que el procedimiento no es pan comido.

Para empezar, tendrían que regresar a la empresa la totalidad del pago que entregó al gobierno estatal para obtener la concesión por mil 080 millones de pesos, dinero que, como se sabe, se esfumó de las arcas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) durante el gobierno de Roberto Borge y que hoy tiene bajo investigación a dos ex directores de la paraestatal y a la ex directora de finanzas en prisión.

Claro está que ni el gobierno estatal ni el municipal quieren cargar con el muerto y devolver esa multimillonaria cantidad, y es este el mayor obstáculo para derrumbar la concesión a la empresa privada en el municipio de Solidaridad. Eso sin contar que Aguakan cuenta con un ejército de abogados, listos para dar batalla y empantanar cualquier denuncia con amparos, refutaciones y otros recursos.

Así el panorama, todo apunta a que la vieja y confiable promesa de revocar la concesión será resucitada con fines electoreros y devuelta al sarcófago cuando acabe la reñida contienda.