Las rentas vacacionales como el Airbnb han dejado de ser una economía colaborativa para convertirse en un negocio hotelero, de ahí que requieren una regulación similar, pues hay propietarios que en solo un año obtienen ganancias superiores a los 2.7 millones de dólares.

Francisco Madrid Flores, director de la consultora Starc en Cancún, detalló que de acuerdo con un estudio que han realizado sobre el impacto de las plataformas, han detectó que un anfitrión cuenta con 2.7 unidades en promedio, con lo cual queda de lado el término de autoempleo, por ello la necesidad que sea regulado como sucede con los centros de hospedaje para poner una “cancha” pareja.

De acuerdo con el monitoreo, el centro identificó a tres propietarios con menos de 100 unidades vacacionales que generaron ingresos por arriba de los 2.7 millones de dólares.

Aunque en un inicio los alojamientos a través de las plataformas como Airbnb surgieron como una economía colaborativa, hoy es incluso una “cancha” dispareja para los mismos anfitriones, ante el surgimiento de empresas dedicadas a ese negocio.

El año pasado, de acuerdo con las mediciones de la consultora, se reportaron 21 mil 750 unidades que alojaron al menos una vez al mes. De estas, siete mil 500 eran propietarios, es decir, cada uno cuenta con 2.7 unidades en promedio.

“Con ello podemos concluir que no es una economía colaborativa, sino que es un negocio. Ya que el hecho de que un solo propietario tenga ganancias que superen los 2.7 millones, habla sobre la regulación que se requiere”,

explicó.

Detalló que como parte de las acciones que ahora se plantean en el Plan de Desarrollo, se debe considerar el tema de las plataformas vacacionales, en las que no se deben oponer a las rentas sino que las regulaciones sean similares a las de los hospedajes que deben cumplir con una serie de trámites, de las que las aplicaciones actualmente están exentas.

De acuerdo con los cambios de la Ley de Turismo en Quintana Roo, se establece que deben pagar por el Impuesto al Hospedaje 6%, tramitar licencia de funcionamiento y estar inscrito en un registro estatal, pero actualmente se construyen como cualquier edificio, sin los estudios de impacto que se requieren.