15 de Diciembre de 2018

Opinión QRoo

Activen nuestra Ley de Periodistas

Las amenazas lanzadas contra el gremio jamás han sido una broma.

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Enfrentamos una interminable noche con peligros crecientes en Quintana Roo –como en casi todo el país–, y los periodistas ya no estamos al margen de estos zarpazos bestiales de la delincuencia que han arrebatado vidas de nuestros compañeros en entidades como Veracruz, Sinaloa, Ciudad de México y Chihuahua.

Para un mayoritario porcentaje de periodistas de casa las amenazas y agresiones no deben ser minimizadas o echadas al cesto de la basura porque no son bromas de ociosos dedicados tan sólo a matar el tiempo; el riesgo ha tocado a nuestra puerta familiar con balas y amenazas de escándalo en Cancún, por lo que nuestro gremio tiene que avanzar en una dirección sin que sus zonas de divergencia impidan el consenso.

Como presidente de la Asociación Civil Periodistas del Caribe ayer entregué en el Congreso del Estado –con copia al Poder Ejecutivo– un escrito para pedir que se ponga en marcha el proceso final para activar nuestra Ley de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, detenida sin justificación razonable en el pantano del Poder Legislativo.

En la petición expuse que en la cancha del Congreso dormita una ley que ha sido desactivada y abandonada a merced del cálculo politiquero cortoplacista y convenenciero, impidiendo el blindaje de una ley satanizada al ser marcada con el hierro candente como “Ley Borge”, ya que fue parida en la recta final de su gobierno y sin participación significativa de su equipo.

Recordé que la diputada panista Eugenia Solís Salazar –presidenta de la Comisión de Derechos Humanos– organizó foros en Chetumal, Felipe Carrillo Puerto y Cancún para tomar el pulso a nuestro gremio, cosechando nuestras propuestas para mejorar esta Ley.

En el texto afirmé que los diputados “tienen la ineludible obligación política, moral y humanitaria de entregarnos sin excusas y titubeos una Ley de avanzada, extirpando todo lo inaceptable de esta norma que ya no debe permanecer en el congelador porque cada minuto en el polo norte es un riesgoso lapso de omisión institucional”.

Nuestro llamado está dirigido a los 25 diputados locales que deben detenerse para revisar esta Ley, atendiendo su obligación de legislar con fines preventivos, evitando al periodista ahogado en el pozo.

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