Ernesto Neveu/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La vigilancia permanente de la Armada de México y las incursiones periódicas de la Conapesca y la Semarnat no inhibe por completo las operaciones clandestinas de pescadores furtivos que, en su mayoría, son hijos de integrantes de cooperativas que por alguna razón abandonaron las organizaciones y que están bien “apadrinados” por gente con poder económico, a juzgar por las embarcaciones y motores que utilizan para la captura ilegal, afirmó el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Banco Chinchorro, Antonio Pat Bacab.

 

La captura de langosta ha tenido gran auge durante el presente año, esta se ha comercializado en el mercado local; “Ha sido una problemática muy grande. La pesca furtiva ya rebasó al sector. Entramos a una veda de caracol de cinco años, estamos dejando de percibir cierta cantidad de dinero, unos 720 mil pesos por temporada de captura y ahorita la autoridad debe apoyarnos para que esa veda valga la pena. Son cinco años”.

 

Pat Bacab reconoció que los responsables de la pesca clandestina, sobre todo del caracol rosado, son pescadores antiguos o los hijos de estos, que en algún momento se organizaron con otros grupos, están bien equipados con motores grandes y se requiere de la intervención contundente de la autoridad para hacerles frente.

 

El líder cooperativista afirmó que tienen grandes expectativas de que con el nuevo gobierno federal le asignen mayores recursos al sector para invertirlos en vigilancia para el Banco Chinchorro, porque, de otra manera, al cabo de los cinco años de veda ya no quedará caracol para su aprovechamiento en la zona, depredado por pescadores sin escrúpulos.

 

En lo que respecta a la iniciativa de ley que sería promovida por la directora del Área Natural Protegida Banco Chinchorro, María del Carmen Macías Rivas, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ramón Loy Enríquez, dijo no tener conocimiento alguno sobre el asunto, pero dijo que será una prioridad en el próximo periodo de sesiones, dada la magnitud del problema.

 

No obstante, Torres Llanes, al frente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero plantea hacer lo propio, por lo que probablemente en breve, se pudiera sancionar como delito grave la pesca furtiva.