AMLO acusa a la DEA de espionaje

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En una nota publicada por un medio electrónico se menciona que, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Durante la conferencia matutina de este martes, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo acusó al organismo estadounidense de espionaje en México.

Lo anterior, luego de que elementos de la DEA señalaran que confían más en la Marina que en el Ejército.

Por ello, el oriundo de Macuspana manifestó que si cuentan con los elementos para declarar eso, que lo prueben y que denuncien:

“Si tienen elementos, pruebas, pues que no actúen en el anonimato, que den la cara, que presenten denuncias. Eso no es inteligencia, es espionaje”, sostuvo.

Los roces entre el gobierno mexicano y la DEA se presentan luego de que manifestaran que en más de una docena de ocasiones intentaron detener a Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, pero por una u otra razón no tuvieron éxito. 

México no necesita “invitados especiales” para celebrar su Independencia

Ahora que se menciona que hay un invitado incomodo a la celebración del Grito de Independencia, los mexicanos debemos de darle la espalda, ya que esta es como una traición a la república y a la nación, por lo que sería mejor no asistir al Grito ya que es una burla a la independencia de México.

La pregunta es; ¿Porque no lo han invitado a otros países socialistas a ver discursos en el Día de la Independencia?

Si se podría contar con invitados, pero con gentes que sean respetadas a nivel mundial, no a dictadores que son impuestos por una dinastía.

Lo que los mexicanos debemos buscar es volvernos mexicanos, porque esto es algo que tenemos en común todos y por ello hacer un movimiento de Independencia de toda la bola de cárteles políticos que están operando.

¡Viva la libertad! ¡Viva la república! ¡Viva la Constitución!

La SCJN impidió difundir el patrimonio de ingenieros militares encargados del AIFA 

Además del anuncio para militarizar a la Guardia Nacional, desde el Ejecutivo se han mostrado más concesiones a la Sedena, a fin de exentar a esa institución de la rendición de cuentas

Los guiños que la actual administración ha dado al Ejército son muchos y variados, lo que acrecenta la polémica por el poder que ha ido adquiriendo en México. El más reciente fue el decreto anunciado la semana pasada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para pasar el mando de la Guardia Nacional -hasta ahora de tinte civil- a la Secretaría de la Defensa. Y tres días después, se otorgó una concesión más: la Suprema Corte ha impedido, de manera indefinida, la publicación de las declaraciones patrimoniales de 23 ingenieros del Ejército que llevaron a cabo las obras del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El fallo, según reportan medios mexicanos, fue en respuesta a una solicitud promovida por el propio Ejecutivo, desde su Consejería Jurídica, argumentando que esa información podría poner en riesgo la seguridad nacional.

Los 23 ingenieros militares, cuyos nombres también fueron reservados por el gobierno de AMLO, ejecutaron las obras y se hicieron cargo de la asignación de 85 mil millones de pesos (4 mil 250 millones de dólares) para unas 48 obras, dinero que los ingenieros recibían directamente y asignaban, contrataciones que ni siquiera se hicieron públicas, de igual manera, por el riesgo a la seguridad nacional.

No es el único señalamiento sobre el proyecto insignia de la Cuarta Transformación del presidente López Obrador. Otro medio de circulación nacional, El Universal, publicó este fin de semana que el AIFA pagará unos 30 millones de pesos (1.5 millones de dólares) por el servicio de recolección de basura solo para 2022, mientras el AICM pagó 37 millones por mismo rubro para tres años.

Ambos señalamientos se suman a la indignación colectiva por la decisión presidencial de militarizar al sector policiaco nacional. Y es que se trata del punto que más adolece a un país vulnerado desde hace varios años por el crimen organizado, por lo que varios expertos en seguridad incluso consideran esa decisión como una tragedia.

En 2019, recién empezó su gestión, López Obrador hizo el cambio de corporaciones de seguridad, de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Desde un año antes, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, defendió el carácter civil del cuerpo policiaco. La funcionaria argumentaba, precisamente, lo necesario que era tener a ese sector separado de los soldados, puesto que los primeros velaban por garantizar el bienestar de la ciudadanía, mientras los segundos lo hacían por la soberanía nacional.

El mandatario ha dejado en manos de las fuerzas armadas (Ejército y Marina) cuestiones como el resguardo de la vacunación contra el Covid-19; la construcción de sus obras insignia, como su nuevo aeropuerto, el Tren Maya o las sucursales del Banco del Bienestar; la administración de aduanas en los puertos. Incluso, analistas señalan que la decisión de AMLO es una mera formalidad, puesto que la Guardia Nacional ha sido conformada por mismos soldados.

“En términos de seguridad pública es una tragedia porque está bastante claro y comprobado que el Ejército no puede hacerse cargo de la seguridad pública de un país, porque está diseñado para otras funciones”, advirtió a Infobae Guillermo Valdés, ex director del antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). “Se quiere perpetuar el que sea una institución controlada por los militares y esto es malo para la seguridad pública”.

Valdés Castellanos, quien también fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional y del Gabinete de Seguridad Pública (2007-2011), hizo hincapié en que, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se pone firme ahora y decide la inconstitucionalidad del decreto de López Obrador, las consecuencias serán aún más graves para la administración que le siga, pues “va a ser muy difícil para el próximo gobierno negociar con la Sedena esquemas operativos eficaces para solucionar el problema de la seguridad”.

Cabe recordar que la propia ley de la Guardia Nacional establece la pertenencia de esta al ámbito civil. De ahí el reclamo de que se trata de un decreto inconstitucional.

En mismo sentido se pronunció el Doctor Mario Arroyo, quien fue titular de la Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, añadiendo que la improvisación de este tipo de decisiones da paso a la delincuencia “para actuar de manera impune sin encontrar una resistencia institucional eficaz”.

Asimismo, el experto en seguridad explicó a este medio que, de fondo, lo más preocupante es lo que una decisión así significa para la rendición de cuentas de los elementos de seguridad exponiendo que, mientras los policías civiles son juzgados de igual manera que cualquier ciudadano por los delitos o irregularidades que les sean señaladas, los militares tienen su propio fuero.

“Por experiencia en América Latina, al no tener contrapesos ni esquemas de revisión los militares cuando suelen abusar del poder que se les ha otorgado no se pueden llevar a juicio civil, ellos tienen su fuero militar. La ONU ha demostrado que cuando las policías dependen de militares son más proclives a los abusos de derechos humanos”.

Ambos coincidieron en el propio peligro que implica las desmesuradas concesiones que el presidente hace al Ejército, insistiendo en el poder con el que la institución militar se está haciendo, volviéndose cada vez más intocable.

Es importante recordar que tanta culpa tiene el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata y si aquí ha habido algún tipo de robo a la nación, eso es delito federal y se tiene que investigar.

Por este tipo de actos debería de restablecerse a la Policía Federal, ya que está era la encargada de investigar este tipo de delitos, tanto de ciudadanos como de funcionarios públicos, pero fue un grave, grave error de Fox, el haberla discriminado ya que todos los países cuentan con sus diferentes policías federales como el FBI, como la KGB y como muchas más, quienes siguen defendiendo a sus constituciones, a sus países, a sus soberanías y a los derechos constitucionales de todos los individuos que buscan y desean tener un país donde la calidad de vida sea real.

El FBI estaría investigando a Norberto Rivera por presunto lavado de dinero del narcotráfico

El objetivo principal sería el empresario Fernando Peyro; sin embargo, en grabaciones que tiene la agencia estadounidense menciona al cardenal como parte de las operaciones

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos estaría investigando al empresario mexicano Fernando Pyro de la O por presunto lavado de dinero del narcotráfico, quien sería un supuesto amigo y protegido del cardenal Norberto Rivera Carrera.

En un reportaje de Univision se señala que un informante del FBI, reveló la estructura y operaciones que llevaban a cabo para la narcoguerrilla colombiana. Como pruebas hay varias grabaciones a las que tuvo acceso el citado medio y están bajo el resguardo de las autoridades estadounidenses.

Una de ellas data del pasado abril de 2019, dentro de un apartamento que el empresario rentaba en Santa Fe, Ciudad de México. A pesar de que se escucha a Peyro pedir que dejaran sus teléfonos móviles afuera de la habitación, la información se filtró.

“Yo tengo toda la estructura, para que me entiendas, güey, toda”, dijo Peyro a un representante de la guerrilla colombiana

Además de explicar y ofrecer métodos para lavar dinero a través de bancos, aseguradoras y empresas de Estados Unidos, México, España e Italia, presumía su amistad con el cardenal, uno de los religiosos más influyentes del país, quién supuestamente también participaría en los actos delictivos.

De las grabaciones hechas por el informante del FBI con una cámara escondida en su reloj, el empresario no negó al citado medio que se está investigando su contenido.

También reconoció un documento en el que una ex informante del FBI, que pidió ser identificada como Gloria por motivos de seguridad, escribió que Peyro ofreció lavar dinero con la participación de Rivera.

“Él [Peyro] nos ofreció empezar a trabajar con él y su jefe… su jefe es el secretario de finanzas del Vaticano en Roma, Norberto Rivera Carrera”, confesó para Univision Gloria.

La persona dijo que el empresario había mostrado interés en lavar dinero para narcotraficantes colombianos en un encuentro en la Ciudad de México, en donde el agente del FBI encubierto señaló que daba el visto bueno para la operación.

Asimismo, reveló que hasta diciembre del 2019 participó como informante y en ese momento la agencia consideraba a Norberto Rivera como uno de los objetivos de la investigación por lavado de dinero. Aunque podría ser de interés para las autoridades estadounidenses, no está confirmado que esté siendo investigado actualmente.

Por su parte, el cardenal dijo en febrero de este año que desconoce las negociaciones de Peyro; de igual manera, en el 2021 una reportera del mismo medio había entregado una carta de solicitud de entrevista sobre las investigaciones del FBI a las que no respondió.

“No tengo noticias de ese grupo [guerrillero] que quiere lavar dinero, no sé de qué se trata, no entiendo que es lo que él [Peyro] quiere lavar… Adelante con la investigación, yo no tengo nada que ver con él […] hace tiempo que no nos vemos’', señaló Rivera a Univision.

Supuestamente, el cardenal y el empresario mantienen una amistad cercana desde hace muchos años e incluso antes de que iniciara la pandemia se reunían en persona constantemente, hacían viajes juntos y también platicaban varias veces al día. Rivera sería casi como un padre para Peyro.

“Es sabido de todo el mundo que yo tuve una amistad muy grande con él […]. Es muy amigo, de veras, desde que yo lo conocí cuando era niño, [era] el párroco de mi fraccionamiento’', dijo Peyro.

Ante la estrecha relación, el cardenal se limitó a decir que ya no daba más entrevistas. Respecto al FBI tampoco hubo una respuesta concisa, ya que “no confirmaron ni negaron o suministraron actualizaciones de investigaciones específicas”.

Según Gloria, el objetivo de la investigación de las autoridades estadounidenses sería establecer las conexiones que tienen los grandes narcotraficantes mexicanos con la iglesia católica para lavar dinero.

Eso ya se veía desde que mataron a Posadas Ocampo, Cardenal de la Iglesia Católica de Guadalajara, al ser acribillado en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Y con esto, pues más claro ni el agua, aquí a lo que hay que darle seguimiento es a todas las actividades que están llevando a cabo los actuales políticos ya que se dice que muchos de ellos también están lavando dinero, al recibir aportaciones para campañas políticas, como fue el caso de López Obrador con la mamá de “El Chapo”, cómo lo fue el dinero que tenía su hermano Pío, cómo lo fue el asunto de “las ligas” de los Bejarano y cómo se dice que ha llevado a cabo parte del gabinete que ahora está trabajando con él, ya que muchos de ellos no han escondido las relaciones y conexiones que tienen y que son con quienes están directamente lavando dinero.

Ahora bien aquí hay una pregunta; a los agentes del FBI y de la DEA que siguen trabajando en México, sería interesante que nos dijeran si el silencio nos da una respuesta al escenario que vemos con respecto a que los señores, quienes están ahora como políticos, de que han actuado en una relación directa con los lores, con los hombres del mal, con los lores de lo ilegal, por todo lo que se ha estado viendo en varios estados del país, esto incluye a gobernadores, a presidentes municipales, así como también a diferentes miembros de la Guardia Nacional, quienes a través de sus diversos contactos han establecido una relación de impunidad la cual les permite actuar a lo largo y a lo ancho del país.

Aquí lo interesante conocer es, ¿Cuáles han sido los bancos que se han prestado al lavado de dinero? Que alguien nos lo explique, porque sea como sea, eso también es un delito, y si eso es tal como lo suponemos, muchos de los actuales políticos, si no es que todos, están más embarrados que un pan con mantequilla, por lo tanto son presumiblemente culpables hasta que se demuestre lo contrario, tal como lo marca la Constitución.

A esto hay que darle seguimiento porque el “lavado de dinero”, tal como lo señala la nota que estamos sacando, esto también se está llevando a cabo en Estados Unidos, y allá esto también está tipificado como un delito federal.

Y todas estas personalidades pues están en tela de juicio. Esperamos que ya sea en poco tiempo cuando los que resulten culpables, los veamos en el banco de los acusados.

Así sea, ya que la verdad siempre brilla. Secula, Seculorum, Amén.

 Aquí lo necesario e importante será que las oficinas de inteligencia, quienes son las indicadas para combatir este tipo de delitos, verifiquen a todos los gobernadores, presidentes municipales o políticos para conocer si son o no, culpables del mismo delito. 

Delitos, violaciones y más de quien está por ahora en el poder 

La resistencia civil encabezada por López Obrador había comenzado el 29 de enero de 1996, arrojando pérdidas superiores a los 60 millones de pesos de acuerdo a estimaciones realizadas por la paraestatal, más otros tantos no especificados relativos a los sectores restaurantero y turístico.

La averiguación previa AP/28/96 radicada en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal de Tabasco (una de las 19 en donde aparece su nombre) atendió la denuncia presentada por Petróleos Mexicanos debido a los plantones, cierres carreteros y el bloqueo de los pozos petroleros "El Castaño" ubicado en la ciudad de Cárdenas, "Zen", ubicado en la ciudad de Nacajuca, entre otros. Hacia el final del episodio, terminarían siendo 50 los pozos afectados, lo que representaba el 6% del total de aquella entidad federativa y el 1.5% del total nacional.

En esta cabe mencionar lo que sucedió en 2016, cuando Andrés Manuel López Obrador criticó duramente la detención de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, líderes de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca y por ello, llamó a la población a movilizarse tras las aprehensiones, ofreciéndoles adicionalmente el apoyo del partido que dirigía tanto en el ámbito político como en el jurídico.

Si, la misma CNTE del plantón en Reforma del 2013. Quizás pocos recuerdan (intencionalmente) y aún menos están al tanto que el actual presidente nacional de Morena comenzó a cimentar su ascenso en el ámbito político a través de acciones similares en su natal Tabasco.

Andrés Manuel ha repetido sin cesar la maniobra lopezobradorista como "movilización y desobediencia civil" desde 1992 en distintos puntos del país argumentando razones varias pero utilizando similar modus operandi, con fines totalmente pragmáticos: algunas veces recursos económicos, otras concesiones políticas.

Después de muchos años del caso de los pozos petroleros, consiguió ser jefe de gobierno de la Ciudad de México (Del 2000 al 2005), presidente nacional del PRD (De 1996 a 1999) candidato presidencial (en dos ocasiones, 2006 y 2012) por el mismo partido y después dirigente de Morena.

Con respecto a lo solicitado por el Sistema Nacional Anticorrupción; Andrés Manuel en su calidad de presidente de Morena, no presentó ninguna de sus tres declaraciones (#3de3) (fiscal, patrimonial y de intereses).

En 2019, los integrantes de la Cámara de Diputados aprobaron las reformas constitucionales para ampliar los delitos por los que podría ser acusado el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. 

Al alcanzar la mayoría calificada para su aprobación, el decreto, que fue enviado a la Cámara de Senadores para continuar con el proceso legislativo, modifica los artículos 108 y 111 de la Constitución. 

Estos cambios agregan que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, además de ser acusado por traición a la patria, como ya estaba contemplado, actos de corrupción y delitos electorales. 

También se contemplan los delitos contenidos en el artículo 19 de la Constitución, es decir, casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción –tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones– y robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.

El proceso para que el presidente pueda ser juzgado continúa siendo el mismo, que se establece en el Artículo 110 constitucional, que señala que la Cámara de Senadores, “erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado”.

En la Constitución de 1917, en el artículo tercero, el 27, el 123, decidieron quitar como causa para juzgar al presidente lo de delito electoral, lo quitaron y sólo dejaron traición a la patria.

Como podemos recordar, la ceremonia de “rendir protesta” de todo nuevo presidente, ante los Poderes Legislativo y Judicial, es uno de los mayores símbolos del presidencialismo mexicano, ya que es el momento en el que un nuevo presidente se compromete con la legalidad, con el respeto a la Constitución y sus leyes, en suma, es el momento de ratificar la legitimidad democrática, pero lo importante es al final de “la protesta”, porque el nuevo mandatario menciona a la sociedad que en caso de violar la Constitución y sus leyes, “y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande”.

Veamos un recuento elemental de algunas de las más graves violaciones constitucionales de AMLO.

-La violación es, según la letra constitucional, a la toma de posesión. Y es que, hasta la fecha, nadie dice nada de las violaciones que comete.

-La grosera violación constitucional de un presidente que ordenó a diputados de Morena derribar todo el proceso de selección de cuatro consejeros del INE.

-En su gira por Colima, AMLO sacó de la manga una grave violación constitucional; encargar puertos y aduanas a militares.

-Desde hace tiempo, se ha convertido en Fiscal General, en Ministerio Público y vocero del Poder Judicial, en el caso Lozoya, donde también dice que este es “testigo protegido”, lo cual es falso. ¿Por qué? Porque la justicia mexicana no tipifica la figura de testigo protegido, sino de “testigo colaborador”; figura muy distinta.

-Una de las más ofensivas violaciones constitucionales fue la liberación de “El Chapito” –17 de octubre de 2019–, lo cual aceptó el propio AMLO, a sabiendas de que es una acción ilegal.

-Una abierta complicidad del gobierno con grupos del crimen organizado, ya que se niega a combatirlos, como le ordena la Constitución.

-La ilegal actuación de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque la constitución dice que debe tener un mando civil y la de la Guardia, es militar.

-La más grave violación constitucional fue al asumir el manejo de la pandemia y su vocería diaria. En caso de una emergencia sanitaria, la Constitución establece claramente los ámbitos de responsabilidad.

- Hablar de miles de muertes por covid-19 y miles de muertes violentas, es hablar de un crimen de Estado; crimen cuya responsabilidad constitucional recae, de manera directa, en el presidente.

-Otra indignante violación constitucional es la negativa oficial a entregar medicinas a niños con cáncer, la prioridad de todo Estado es la niñez. 

- Otra violación es que el presidente mexicano acabó “con la división de poderes”.

- Olvidar el concepto constitucional de “Estado laico”, cuando él hace reiteradas alusiones a sus preferencias religiosas.

- No se confirmó que los terrenos para el aeropuerto de Santa Lucía son propiedad de un particular, pero que ahora dice estar dispuesto a pagar. 

- La detención ilegal y el juicio inconstitucional contra Rosario Robles, es prueba de que en el gobierno de AMLO la venganza es una política pública del Estado. 

Es necesario conocer toda la historia que tiene este personaje, ya que tanto él como muchos de los miembros de su gabinete han cometido diversos delitos, por lo que de ser comprobados deberían de ser castigados conforme a la ley, sin obstrucción de justicia, respetando a los tres poderes, para que cada quien ejerza su función.

Sería importante saber en cual Universidad estudió, de dónde sacó su título de abogado, porque debido a su actuación, seguramente lo compró, en fin, por el momento nos quedaremos con la duda.

Y así como estas violaciones, hay muchas, muchas más por lo que está historia, continuará…

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