LEY DE AMPARO. La medida, impulsada por Morena, busca evitar que los jueces federales frenen temporalmente la aplicación o entrada en vigor de leyes cuando son impugnadas mediante juicios de amparo. Las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la república avalaron el proyecto de reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, con la que limitan a los jueces conceder suspensiones provisionales o definitivas con efectos generales cuando conozcan de amparos contra leyes expedidas por el Congreso de la Unión o congresos estatales.

El presidente López Obrador continúa en su empeño de destruir los derechos constitucionales de los mexicanos, pero como no tiene la mayoría calificada con la que sueña sigue tratando de hacerlo modificando leyes secundarias con su mayoría simple en las Cámaras. El asalto de hoy es contra los efectos generales de las suspensiones en juicios de amparo.

El amparo es una de las aportaciones más importantes de México al derecho. Lo creó el liberal Mariano Otero con la idea de dar a los gobernados protección frente a los abusos de la autoridad. La figura se introdujo en la Constitución de 1857 y se mantuvo en la de 1917. El artículo 103 da a los tribunales la facultad de resolver las controversias que generen las “normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”. El 107 establece reglas para el juicio que la Ley de Amparo desarrolla. Las suspensiones son órdenes de los tribunales para impedir la aplicación de una medida ya sea de manera provisional o definitiva.

En una sesión de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, del Senado este 10 de abril, la mayoría oficialista aprobó dos modificaciones a la Ley de Amparo. La primera deroga un párrafo del artículo 129 que permite “al órgano jurisdiccional de amparo” emitir suspensiones cuando “pueda causarse mayor afectación social”. La segunda añade un párrafo al artículo 148: “Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales”. El gobierno quiere que, si alguien obtiene una suspensión para la aplicación de una ley cuestionada, la norma se siga aplicando a todos, menos a quien haya obtenido la suspensión.

Con esta medida el presidente quiere debilitar la facultad de los tribunales para desechar normas inconstitucionales. De poco serviría ganar una suspensión si esta solo beneficia a la persona que promovió el juicio. Pero es absurdo que una norma inconstitucional se siga aplicando a todos menos a quien promovió el juicio de amparo.

Ante su falta de mayoría calificada para enmendar la Constitución, López Obrador ha impulsado una serie de iniciativas inconstitucionales, como la Ley de la Industria Eléctrica. Con sus nuevas enmiendas a la Ley de Amparo quiere asegurar que podrá seguir aplicando leyes inconstitucionales a pesar de que los tribunales otorguen suspensiones en su contra. Si una ley inconstitucional se puede seguir aplicando de manera general, con la sola excepción de aquellos que hayan obtenido suspensiones, el presidente tendrá manga ancha para promulgar más y ejercerlas a pesar de las suspensiones.
Esto es inaceptable ética y jurídicamente.

Es cierto que durante mucho tiempo el amparo solo beneficiaba a los promoventes del juicio, en lo que los juristas han llamado la “relatividad de las sentencias”, pero la situación se superó gracias al esfuerzo de grupos progresistas que construyeron las declaratorias generales de inconstitucionalidad. Y es muy lógico. ¿Por qué solo podrían beneficiarse de una suspensión quienes hayan tenido el dinero para promover un juicio de amparo?

El gobierno de López Obrador quiere echar para atrás este avance y restringir los efectos de las suspensiones. Quiere negar la justicia a quienes no pueden pagar un juicio de amparo y seguir utilizando su mayoría simple para promulgar leyes inconstitucionales.

Reforma de pensiones

La reforma de pensiones del presidente López Obrador, que busca financiarse en parte con los ahorros de los propios trabajadores, se ha topado con el rechazo de la oposición, elevando la polémica al terreno electoral. Los diputados de Morena han presentado una iniciativa para crear un Fondo de Pensiones del Bienestar, que será alimentado en parte con alrededor de 40.000 millones de pesos de las cuentas sin reclamar de las personas mayores a 70 años. Los partidos opositores han calificado la propuesta como un “SAQUEO” en perjuicio de los trabajadores. Por el contrario, los legisladores de Morena y el propio presidente López Obrador han sacado pecho para defender su proyecto, asegurando que el dinero estará garantizado en caso de que el beneficiario lo solicite y cruzando reproches contra el esquema de retiro de 1997, las llamadas Administraciones de Fondos para el Retiro (Afores).

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales, la oposición y algunos expertos ven en la iniciativa un matiz electorero, que busca ganar el voto de los trabajadores próximos a jubilarse bajo el esquema de 1997 y que contarán con pensiones más altas de salir adelante la reforma. La candidata de la oposición Xóchitl Gálvez ha dicho este jueves que “se quieren quedar con sus pensiones, una vez que cumplan 70 años, así de fácil. Si por alguna razón, tú sigues trabajando, tu dinero en automático se va a ir a un fondo de pensiones que le llaman el (fondo del) bienestar, ese es el saqueo que Morena quiere hacer en este momento”.

El presidente López Obrador ha defendido por su parte la iniciativa de Morena y ha cargado contra el sistema de las Afores. “Las administradoras de las Afores se quedan con pensiones no reclamadas, por eso están haciendo también ruido contra esta reforma, porque ese dinero les queda a ellos. Si una persona no reclama y estuvo aportando su cuota, se la queda a las Afores”, arremetió en Palacio Nacional.
Desde febrero pasado, López Obrador propuso una reforma al sistema de pensiones para crear un fondo compensatorio que permita elevar los montos de retiro de los trabajadores cuya jubilación sea bajo la reforma aprobada en 1997. El presidente puso sobre la mesa la creación de un fondo semilla por parte de Hacienda por más de 68,000 millones de pesos. Precisamente, los recursos de las Afores no reclamadas se sumarán a los recursos obtenidos por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, las utilidades que se obtengan del Tren Maya, Mexicana de Aviación, además de los terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), fuentes de ingreso con el que se sustentará la reforma de pensiones del Ejecutivo... ¿De veras? Son puros proyectos deficitarios que difícilmente mostrarán utilidades en el corto y mediano plazos.

En seguimiento a este fondo semilla, los diputados de Morena ahora buscan crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. De acuerdo con la iniciativa presentada a inicios de mes, este fondo reunirá los recursos de las subcuentas de retiro y de vivienda del Infonavit no cobrados en 10 años y que se encuentran prescritos. El fondo será un fideicomiso público en el que el Banco de México será el fiduciario. La iniciativa de reforma será votada la próxima semana en comisiones en la Cámara de Diputados y solo requiere mayoría simple para ser avalada.

De aprobarse, la reforma obligará a las Afores a transferir automáticamente al Fondo de Pensiones Bienestar los recursos de las personas trabajadoras a partir de los 70 años que no hayan solicitado la devolución de los saldos de sus subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como vivienda. Una vez que sean transferidos los recursos, el fondo público deberá crear las cuentas individualizadas de cada beneficiario y se deberán entregar los recursos a quien los reclame, considerando también los intereses generados.

El diputado de Morena, Ignacio Mier Velazco, uno de los autores de esta iniciativa, explica que es una bolsa complementaría que servirá para elevar de 5,000 a 16,400 pesos mensuales los montos de retiro de los trabajadores que cotizan bajo el sistema de las Afores de 1997.

Actualmente, un trabajador jubilado bajo la reforma de pensiones de 1997 alcanza un retiro equivalente a un 60% de su último salario. La insuficiencia que generan los sistemas de pensiones contributivos se debe a que los trabajadores tienen periodos intermitentes de cotización, combinando meses y años de empleos formales con lapsos de desempleo.

Mier Velazco aseguró que los recursos de pensiones no reclamadas en manos de Afores ahora están siendo utilizadas por las mismas administradoras para generar rendimientos para ellos mismos. “Las Afores no le avisan a nadie porque lo que les conviene es que ellos sigan moviéndolos y generando rendimientos”, acusa.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados ha garantizado que el dinero gestionado en este nuevo Fondo de Pensiones estaría disponible para cuando el beneficiario lo solicite, pero mientras tanto esos recursos serán utilizados para sustentar la reforma de pensiones de López Obrador y garantizar a los nuevos pensionados un pago de, al menos, 16.400 pesos mensuales. Mier Velazco indicó que ese dinero estará blindando y no podrá ser utilizado por las próximas Administraciones para otros fines. De acuerdo con los cálculos del partido oficialista, de aprobarse esta reforma, en 2050, se beneficiaría a 45 millones de trabajadores.

Los analistas coinciden en que, a menos de dos meses de las elecciones presidenciales en México, la iniciativa tiene un corte electoral, que busca hacerse del voto de aquellos trabajadores que comenzarán a jubilarse a partir de 2027, bajo la reforma de 1997. Aunque los expertos matizan que los 40,000 millones de pesos que ahora se calculan por subcuentas de retiro inactivas son una cifra mínima respecto a los más de 8 billones de pesos que registran las Afores actualmente sienta un precedente de incertidumbre y desconfianza sobre el sistema de pensiones en México.

Carlos Ramírez Fuentes, ex presidente de la Consar, explica que en la ley vigente ya existe la figura de la prescripción de los derechos. Cuando se cumplen 10 años sin que el trabajador reclame sus recursos éstos regresan al IMSS. Ningún Gobierno se había atrevido a tomar los recursos, precisamente, porque nadie quería verse acusado de expropiación.

“El riesgo principal está en la reputación del sistema, en la confusión, la desconfianza, la incertidumbre que esta reforma podría generar por años y va a sentar un precedente muy peligroso para que en el futuro cuando lleguen otros gobiernos para reducir la edad de gestión a los 65 años o 60 años. Si bien no se mete con el dinero de las Afores de manera directa en la fase de acumulación, sí se está metiendo en la fase de desacumulación, es una visión de corto plazo y con un ánimo político-electoral”, indica Ramírez Fuentes, experto del sector y ahora socio de Integralia Consultores.

Raymundo Tenorio, profesor emérito del Tec de Monterrey, advierte que no se trata solo de un cambio de administrador, porque el Gobierno utilizará estos recursos para financiar su propia reforma de pensiones. “No importa que después en la Corte lo echen para atrás, su expectativa es solo este 2 de junio. Con esto aseguran más el voto de los viejitos”, dijo. Además, el experto refiere que es un primer golpe a las Afores, de una manera tersa, pero que será un problema por resolver a largo plazo.