Cincos calesas, todas propiedad del empresario José Julio Azcorra Rejón, volvieron a las calles de Cozumel para operar tras lograr que finalmente las autoridades municipales acataran un amparo definitivo ganado desde 2020 en contra de la Ley de Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo.

Representantes de las organizaciones protectoras de animales Hope Pro Defensa Animal y No Calesas en Cozumel, denunciaron que estos prestadores de servicios turísticos ya habían do sido retirados de las calles, en cumplimiento a la ley, pero nuevamente han vuelto a trabajar.

José Julio Azcorra defendió su proyecto y detalló que trabajan en el marco legal sin violar la ley.

Según sus propias palabras, la autoridad municipal en el trienio 2018-2021 se había negado aceptar la sentencia de amparo definitivo 8/2020, postura que se extendió a la 2021-2024 pero que finalmente se ha aceptado el dictamen del juez para permitirles trabajar.

Azcorra Rejón reveló que tras la presentación de la primera carreta eléctrica el 23 de septiembre de 2022 y anunciar que el proyecto era reemplazar las 10 tiradas por caballos, el ayuntamiento se negó a autorizarlo y los remitió para que el trámite lo iniciaran en el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO), diligencia al que no le han dado curso desde entonces.

En conversación telefónica, el empresario confirmó que desde el 9 de agosto volvieron a operar cinco de las 10 calesas que posee y que de esto ya tienen conocimiento las autoridades municipales, pues han sido notificados por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo.

Agregó que representantes del ayuntamiento le han comunicado que harán publica de manera oficial a la comunidad en general, las condiciones y resoluciones del juez federal que les mandata restituirles su ámbito de trabajo, lo que significa que la Dirección de Transporte de Cozumel está obligada a renovar los tarjetones de identificación de los operadores de las calesas.

Por lo que toca al ámbito estatal en materia de transporte, tampoco deberán tener problemas para iniciar el trámite por derechos de aplacamiento que también se les había negado bajo el argumento de que existía una prohibición de ley para prestar el servicio.

“Por lo que concierne a los caballos el municipio sabe que estamos en orden y en cuanto a las placas también se les ha notificado”,

apuntó y afirmó que nunca se ha negado a migrar al sistema de propulsión eléctrica para sustituir la tracción animal.

Sin embargo, dijo que el Imoveqroo hasta la fecha le ha dado largas a ese reglón.

El juicio de amparo 08/2020 ganado en contra de la Ley de Bienestar Animal de Quintana Roo, establece que no se aplique al empresario la fracción IX del artículo 40 que dice:

“El uso y tránsito de animales en vehículos de tracción animal en vialidades asfaltadas, incluyendo las calesas con fines turísticos. En el caso de uso agropecuario, se procurará en la medida de lo posible la transición a alternativas mecánicas”.